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Las cajas castellanas, a la gresca a tres días del fin del plazo para la fusión

La batalla continúa para la elección del presidente, el director general y la sede de la nueva caja.
El día 9 de noviembre es la fecha tope para que los consejos de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos den luz verde al arranque del proceso de fusión de las tres cajas castellano-leonesas. Seis meses después de que el proceso de negociación comenzara -Burgos se sumó oficialmente unas semanas más tarde- el plazo está expirando sin acuerdo todavía en los tres grandes frentes.

En cualquiera de los casos, fuentes cercanas a las negociaciones ni se plantean un nuevo retraso en el proceso. El informe de estabilidad financiera del Banco de España mostró el miércoles el hartazgo de la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha vuelto a pedir a las cajas de ahorros que racionalicen sus costes y mejoren su gestión mediante procesos de reestruturación. Es decir, fusiones.

Y la de las cajas de Castilla y León se está demorando mucho en el tiempo. La lucha por liderar el proceso hace que aún no se haya consensuado ni el nombre del futuro presidente -que no será ejecutivo- ni el del nuevo director general. Y también está abierta la batalla por ser la ciudad sede de la nueva entidad. Sin embargo, sí hay consenso sobre las grandes cifras de la fusión

La situación es tan complicada que el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, llamó el miércoles al orden a los presidentes de las tres cajas para que el proceso se desbloquee cuanto antes y se puedan cumplir los plazos impuestos por el Banco de España. Como muy tarde, los consejos de las tres cajas deben dar luz verde al comienzo del proceso de fusión el próximo lunes 9 de noviembre. Luego será el momento de presentar el acuerdo a las asambleas de las cajas para que lo ratifiquen.

Villanueva ha dicho públicamente que no tiene ningun candidato a la presidencia de la nueva caja, aunque a la vista de la falta de consenso existente es posible que sea necesario un puñetazo en la mesa. Desde las propias entidades, oficialmente se opta por el silencia. Desde Caja España se han limitada a asegurar que son optimistas “en cuanto al cierre del proceso” y desde Caja Burgos que las negociaciones siguen su curso.

Pero la realidad es que aún no hay acuerdo a apenas tres días de que finalice el plazo. El principal escollo sigue siendo la elección del director general grupo, que a todos los efectos será el nuevo primer ejecutivo de la caja. La lógica dice que la entidad que consiga este cargo debería también decidir la futura sede. Caja Burgos no ha dado su brazo a torcer -no ha firmado compromiso ninguno de intenciones para la fusión, como sín ha hecho Duero y España- y sigue aspirando a liderar el proceso aunque de las tres entidades es la que menos activos totales y depósitos suma.

La semana pasada, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, echó más leña al fuego al asegurar que le gustaría que Burgos fuese la capital financiera de Castilla y León, para después manifestar su deseo de no interferir en el proceso de fusión. Las aspiraciones de Caja Burgos chocan frontalmente con las de Duero y España, que si están en sintonía en la mayoría de las cuestiones básicas. Ayer mismo, el presidente de la caja burgalesa, José María Arribas, aseguró que “nos jugamos mucho en este proyecto” y aseguró que si la caja está finalmente en el proceso de fusión es porque se cumplen varios requisitos irrenunciables.

Pero hay más frentes abiertos en un proceso que está resultando muy farragoso. Según el informe realizado por KPMG, la nueva caja nacería con un excedente de 1.400 trabajadores. Las negociaciones para salvar este escollo también se están desarrollando en estos momentos y el objetivo es llegar con un plan a la fecha tope del próximo lunes. Donde no hay discrepancias importantes es precisamente en las grandes cifras económicas que de cara a la fusión ha puesto sobre la mesa KPMG ni sobre los alrededor de 700 millones de euros de ayudas que las entidades van a solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Las cajas de Castilla y León han hecho el camino inverso al seguido por Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, que aprobaron su fusión en octubre acordadando primero el reparto de poder en la nueva estructura, hasta el punto de que la más grandes, Caja Catalunya, que aporta el 80% de los activos, tendrá una representación del 60% en los órganos de gobierno de la futura entidad. Sin embargo, nada se sabe aún de cuáles son las grandes cifras de la nueva caja, ni cuántas ayudas solicitará al FROB. Han cerrado sólo la parte más política de la operación, la misma que sigue abierta en las cajas castellanas y que promete unas próximas 72 horas de infarto.

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