En los pasillos del Congreso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que los sindicatos tienen “capacidad de movilización” pero que aún es demasiado pronto para augurar si la convocatoria de huelga será ampliamente secundada o no. Según el presidente “se necesitarán meses para ver los efectos” de la reforma laboral aprobada hoy; “estamos en periodo de aprendizaje”, añadió.

En la sesión de hoy del Congreso, se han votado las modificaciones introducidas en el Senado. Con la ayuda de IU y de ERC, el PSOE ha logrado echar para atrás cambios que favorecían la utilización del absentismo laboral como causa del despido y que ponían trabas a la conversión en fijos de los trabajadores contratados por obra y servicio durante más de 3 años.

33 días de indemnización por despido
La reforma laboral generaliza el contrato de fomento del empleo (con una menor indemnización por despido, de 33 días) como fórmula de empleo indefinido y precisa que las empresas podrán plantear expedientes de regulación de empleo por causas económicas (con una indemnización menor, de 20 días) argumentando la existencia de pérdidas actuales o previstas o una disminución persistente de ingresos. Además, introduce una subvención al empresario del coste del despido (equivalente a 8 días) a cuenta del fondo de garantía salarial (FOGASA). Para frenar la contratación temporal, se eleva de 8 a 12 días la indemnización por finalización de la relación laboral y se establece en un máximo de 3 años (prorrogables en 12 meses por convenio) la duración máxima de la contratación por obra o servicio.

Además, la reforma laboral favorece los expediente de reducción de jornada como alternativa al despido y amplía la capacidad de actuación de las empresas de trabajo temporal (ETT) y de las agencias de colocación. También se dan facilidades para que las empresas con dificultades se puedan descolgar del convenio colectivo sectorial o territorial en cuestiones tales como subida salarial, jornada o movilidad geográfica. En realidad, la reforma está en vigor desde que el Gobierno aprobó el decreto ley, a mediados de junio. A partir de ahora (cuando la ley se publique en el BOE) también entrarán en vigor las modificaciones introducidas en el Congreso y el Senado (70 enmiendas, en total).

Para el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se trata de una reforma “equilibrada”, que respeta “los intereses de empresarios y trabajadores” y de una iniciativa “ambiciosa y de gran calado”. El portavoz del grupo popular, José Ignacio Echániz, ha criticado que es “la primera reforma laboral sin el apoyo de nadie”. Para el PP, “lejos de una reforma cosmética, se necesitaba una reforma en profundidad” del mercado laboral.

Críticas de IU-ICV y ERC
Para Joan Herrera (IU-ICV), se trata de la reforma “más antisocial y con más pérdidas de derechos de las últimas décadas”, que no va a servir “ni para crear empleo ni para reducir la temporalidad”, sino para “despedir más barato, debilitar la negociación colectiva y el recorte de los salarios”. Joan Tardà (ERC) ha interpretado que “ha ganado la derecha” y ha alertado sobre la próxima reforma del sistema de pensiones, “solo nos queda la movilización, salir a la calle”, ha afirmado.

El diputado Emilio Olabarría (PNV),ha destacado la contribución de su grupo para evitar “la descausalización total del despido”. Por CiU, Carles Campuzano ha crititicado la reforma por insuficiente,”es una oportunidad perdida” ha opinado. Con la nueva ley “no vamos a tener un sistema laboral más eficiente para la empresa ni más justo para los trabajadores”, ha dicho. El portavoz socialista, Jesús Membrado, ha aprovechado su turno para defender la reforma y mostrar “nuestro respecto y consideración” a los sindicatos, “tanto a sus críticas como a la movilización planteada”.

Los nervios y la incertidumbre pudieron con la paciencia del millar de trabajadores del turno de mañana, que desde el momento en el que accedieron a la planta no cesaron de comentar la noticia que habían conocido el día anterior, esta vez ya de forma oficial. Las primeras noticias se publicaron a finales de la semana pasada, pero la plantilla se mantuvo a la expectativa hasta que el martes las respectivas direcciones de Sony, Ficosa y Comsa Emte anunciaron formalmente la operación de traspaso de las instalaciones vallesanas. En el citado acuerdo se expresaba la voluntad de las partes de mantener el empleo de «la mayoría» de la plantilla, sin más concreciones.

Esta indefinición se convirtió ayer en temor en la factoría. Poco a poco los ánimos se fueron encendiendo ante la posibilidad de que al final se despida a casi toda la plantilla. «Se dice que la empresa compradora está dispuesta a mantener a la mayoría de la plantilla, pero eso implica a los trabajadores fijos, que son solo unos 400 del total», se lamentaba ayer a las puertas de la fábrica Carlos, que ocupa uno de los puestos de trabajo indirectos vinculados a la fabricación de televisores.

A media jornada, los trabajadores se concentraron ante el despacho de CCOO en la planta, sindicato mayoritario. La protesta finalizó cuando el director de recursos humanos del centro, Pedro Calvo, les anunció que la semana que viene se celebrará una reunión que acabará de definir el futuro de la planta.

El subgobernador, Javier Aríztegui, afirmó el martes en una comisión a puerta cerrada en el Congreso que las dos operaciones son «posibles y razonables» y cuentan con planes «consistentes y viables», según apuntaron grupos parlamentarios. Las entidades, recordó, suspendieron la prueba de resistencia a la banca española y europea de julio, pero ello «no contradice la visión positiva» sobre sus fusiones.

El Banco de España, con todo, consideró que el resultado de la prueba hace aconsejable que mejoren su solvencia. Desde Caixa Catalunya, se asevera que ese capital adicional solo sería necesario en un escenario económico muy adverso e improbable, con lo que la entidad no tiene previsto captarlo «ni del mercado ni del FROB» ni realizar un mayor ajuste de oficinas y empleados.

Los 288 pisos -176 de un dormitorio y 112 de dos- tendrán plaza de garaje y la renta del alquiler oscilará entre los 220 euros los de un dormitorio y 280 los de dos. Mientras, el arrendamiento de la plaza de garaje es de treinta euros.

El alcalde de Parla, José María Fraile, ha explicado que “la construcción de estas viviendas ha comenzado este verano. Nos satisface que las inversiones hayan continuado realizándose en Parla con normalidad y según lo programado”.

Hasta ahora, 635 ciudadanos han solicitado ser adjudicatarios de una de estas viviendas y 255 de estas solicitudes han sido admitidas al cumplir todos los requisitos previstos. A estos se les han adjudicado las viviendas sin procedimiento de concurso ya que han sido menos las solicitudes que cumplían los requisitos que las viviendas a construir. Para las 33 viviendas restantes se abrirá un plazo de inscripción próximamente.

Estos adjudicatarios pueden optar a obtener la vivienda en régimen de alquiler, como alquiler con opción a compra del derecho de superficie o, desde el primer momento, por la adquisición del derecho de superficie por 75 años. Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Parla ha entregado hasta el momento siete promociones de viviendas que han supuesto la concesión de 1.381 viviendas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra justificó los ajustes el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que el Ministerio para cumplir con el compromiso de reducción del déficit al 3% en el horizonte de 2013, para concentrarse en las líneas prioritarias de demanda -alquiler y rehabilitación-.

Además, se ha referido a la supresión de la ayuda a la entrada para viviendas de VPO, “la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) -criticada por varios gobiernos regionales, incluido el de Andalucía- de una vivienda protegida no ha demostrado ser la medida más eficaz, puntual y equitativa para ayudar a los adquirentes de vivienda protegida, ya que muchas veces llegaba a sus adjudicatarios incluso años después de suscribirse la correspondiente escritura pública de compra y el préstamo hipotecario. Es decir, que no disponían de ella en el momento de afrontar el pago de la entrada, que era el fundamento de esta ayuda”.

La ministra ha reconocido que algunas medidas -como el fin de la AEDE- en el marco de la consolidación fiscal han suscitado cierta controversia. Sin embargo, cree que todavía hay iniciativas en marcha que favorecen la compra, como la ampliación de la hipoteca de estas viviendas hasta el 90% de su valor.

No renunciará a la política social
“Estamos comprometidos con el reequilibrio del mercado inmobiliario, su redimensión, modernización”, sostiene Corredor. También ha asegurado que el Gobierno tiene “muy claro” que no va a renunciar a la política social y que seguirá apoyando a las familias con más dificultades para acceder a una vivienda. “Esta es nuestra principal preocupación y lo va a seguir siendo”, añade.

La ministra ha destacado que “la supresión de la AEDE a partir de 2011 no significa que se supriman las ayudas a las familias más desfavorecidas” ya que se mantienen la mayoría de las mismas para facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda protegida.

Así, seguirán disfrutando de un precio tasado adaptado el nivel de renta de las familias, se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos convenidos entre el Ministerio y las Entidades Financieras, con mejores condiciones y a tipos de interés más bajos que los del mercado y no se modifican los subsidios para ayudar a pagar la hipoteca durante diez años, y que pueden alcanzar los 11.000 euros.

Esas horas perdidas fueron consecuencia de las 657 huelgas contabilizadas entre enero y julio, el 5,59% más que en el mismo periodo de 2009.

Los paros afectaron a empresas y sectores con un total de 4.062.583 trabajadores, de los que 855.196 resultaron directamente implicados, el 237,22% más.

En lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral -no se incluyen las protagonizadas por empleados en servicios públicos-, la CEOE indica que se registraron 476 paros (el 0,83% menos), con 307.605 trabajadores en plantilla, de los que 62.693 estaban implicados (una caída del 26,47%). Como consecuencia de esas protestas, las horas no trabajadas sumaron 6.765.543, el 60,98% menos.

En el mes de julio se produjeron 46 huelgas (el 55,53% menos), que afectaron a sectores y empresas con un total de 42.043 trabajadores, de los que 9.997 participaron en las mismas (el 23,78% de los censados).

En julio hubo 31 huelgas estrictamente laborales (un 55,71% menos), con 5.481 trabajadores en plantilla, de los que las secundaron 415 (el 97,25% menos).

Por áreas territoriales, y teniendo en cuenta la conflictividad en general, Madrid se situó a la cabeza con ocho huelgas, seguida de Barcelona, con siete; Álava y Guipúzcoa, con tres, y Baleares, Cádiz, La Coruña, Navarra y Asturias, con dos.

Atendiendo al número de trabajadores que secundaron las protestas, Barcelona fue la primera, con 846 huelguistas, seguida de Madrid (615), Asturias (121), Cádiz (102), Málaga (97), La Coruña (94), Guipúzcoa (93) y Navarra (86).

Los sectores más afectados por las huelgas de julio fueron los de transportes y las comunicaciones, seguido del metal, la alimentación bebidas y tabaco, hostelería, actividades sanitarias y otros servicios.

En cuanto a las causas de las huelgas en ese mes, destacaron las 14 convocadas por la tramitación de expedientes de regulación de empleo, y las 6 para lograr el abono de salarios atrasados.

Uno de los principales temores de los trabajadores de las cajas de ahorros implicadas en los procesos de reestructuración del sistema financiero español era, y sigue siendo, el futuro de sus puestos de trabajo. La superposición de redes, cuando no un exceso de oficinas, obligará a cerrar sucursales, lo que, unido a una necesidad de rebajar costes, conllevará con seguridad ajustes en las plantillas actuales. En el caso del SIP que forman Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, los contactos para encajar a los 26.000 empleados de las 4.500 oficinas en total se iniciaron el pasado jueves.

En aquella reunión, los representantes de los departamentos de recursos humanos de las cajas y los de los sindicatos -cinco de CC OO, tres de UGT y dos de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), a la que pertenece SATE, el sindicato mayoritario en Bancaja- alcanzaron un acuerdo para que, antes de las asambleas del día 14, se presente un documento en el que se traten tres asuntos básicos: un compromiso de que no habrá despidos, las condiciones básicas de los planes de prejubilaciones y, finalmente, las de posibles traslados de empleados a otros destinos por la reordenación de las redes.

Aunque aparentemente los despidos o las prejubilaciones son los aspectos que más atención podrían despertar, lo cierto es que, según fuentes sindicales, lo realmente importante y que supondrá un mayor esfuerzo negociador es, precisamente, el último punto.

“Ya no se trata únicamente de mantener las condiciones de trabajo actuales si no de las expectativas que se tienen en el puesto que se ocupa y que se puede frustrar por la reordenación de redes”, explica Juan Pérez, secretario general de SATE.

El problema surge por las muy diferentes condiciones laborales que existen entre las siete cajas que participan en el acuerdo. Una hipótesis: “Si un empleado de Bancaja tuviese que pasar a trabajar a una oficina de Caja Insular de Canarias tras la reorganización, sus condiciones laborales serían distintas a las de sus compañeros y, sus expectativas de progreso dentro de la empresa habrían variado notablemente”, explica el dirigente sindical.

Si los responsables de recursos humanos de las cajas y la representación sindical alcanzan un acuerdo, aunque sea inicial, en estos tres puntos, las asambleas contarían con el voto favorable de los trabajadores. De momento, sólo Comisiones Obreras se ha decantado favorablemente por la fusión, mientras que UGT y SATE han vinculado su aprobación a los acuerdos que se alcancen para salvaguardar las plantillas y sus derechos.

Sin embargo, este será un primer paso de un proceso mucho más complejo que se puede alargar durante varios meses. Lo reconocen tanto las cajas, que esperaban llegar a las asambleas sin haberse visto forzadas a tomar ningún compromiso, y los sindicatos, que tienen un objetivo de máximos que consiste en equiparar a la totalidad de la plantilla por la parte de arriba, es decir, tomando lo mejor de cada uno de los convenios.

Así, los beneficios sociales que individualmente tiene cada entidad porque se han negociado a lo largo de los años se convierten en objeto de deseo común del resto. Por ejemplo, Caja Madrid tiene préstamos especiales para sus empleados para el cambio de vivienda o créditos para financiar una excedencia por maternidad. También tiene más días de vacaciones para los empleados más antiguos. Y en Caja Segovia tienen lote de Navidad. Nada ha quedado por escrutar por parte de los sindicatos durante un mes de agosto en el que no se han tomado vacaciones ante el proceso que les viene.

Mucho por negociar en el complejo encaje de bolillos que supondrá la fusión de siete entidades para crear la mayor caja de ahorros por activos de España.

Durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso, Aríztegui se refirió a las dos fusiones de cajas catalanas y explicó que, al operar en un ámbito financiero más competitivo, han necesitado abordar un mayor ajuste, tanto de empleo como de oficinas. Recordó, además, que, de acuerdo con las pruebas de solvencia publicadas en julio, las dos entidades necesitarían recursos adicionales en un escenario extremo: 1.032 millones de euros en el caso de la unión formada por Caixa Catalunya y las cajas de Manresa y Tarragona, y 270 millones, en el de Unnim (Manlleu, Terrasa y Sabadell). En caso de necesidad, este montante podrá ser financiado por el FROB o de forma privada.

Entre los bienes intervenidos hay un centro comercial, un hotel, un hostal, una treintena de viviendas, solares, garajes y locales comerciales, y también se han bloqueado productos financieros por un importe millonario. Todos estos haberes fueron obtenidos mediante un complejo entramado empresarial con los beneficios procedentes de sus actividades ilícitas.

Actividades criminales
La investigación transnacional, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha puesto al descubierto diversas operaciones societarias e inmobiliarias realizadas presuntamente para blanquear en España el dinero procedente de actividades criminales llevadas a cabo en Rusia y otros países del Este europeo.

La operación Java culminó con 79 arrestos en el mes de marzo, en un amplio operativo policial desarrollado a nivel europeo, a los que se sumaron seis detenciones en junio con las que se desarticuló la trama de blanqueo la red.

Inversiones millonarias
Tras las detenciones practicadas en el mes de junio, los investigadores de la Policía Nacional realizaron un total de 16 registros en diversas localidades catalanas.

En ellos se intervino gran cantidad de documentación relativa a las mercantiles de la red dedicada al blanqueo de capitales desarticulada.

Trama empesarial
De este modo averiguaron que el principal responsable de la organización había constituido en España una red empresarial dedicada a la importación y exportación, así como a la adquisición de inmuebles con la finalidad de blanquear los capitales procedentes de las actividades criminales desarrolladas en los países del Este de Europa.

Uno de sus hombres de confianza, arrestado en nuestro país por su participación en la red de blanqueo, estaba al frente del entramado societario y era el ejecutor de las operaciones. También aconsejaba sobre las formas de hacer las transferencias financieras sin levantar sospechas ante las autoridades monetarias de nuestro país.

Negocios hoteleros
A través suyo se realizaron inversiones inmobiliarias en negocios hoteleros de Tarragona. Esta persona contaba con el asesoramiento jurídico-fiscal de otro de los detenidos, todo ello con el fin de blanquear el capital ilícito mediante dichas inversiones.

Los agentes también averiguaron que otros tres arrestados en la segunda fase de la operación Java habían canalizado hacia España cerca de seis millones de euros destinados a nutrir el mecanismo de blanqueo y a la adquisición de un hotel en la localidad tarraconense de Cunit. El último de los detenidos entonces, un general ucraniano de origen armenio, presuntamente colaboraba con la organización en la captación de capitales.

Como resultado de las investigaciones económico-patrimoniales llevadas a cabo por la Policía Nacional, se ha conseguido incautar un importante patrimonio inmobiliario valorado en más de 24 millones de euros.

Las propiedades
Entre las propiedades intervenidas hay un hostal en Cambrils valorado en 1.500.000 de euros; un centro comercial en la zona de Mont-roig, valorado en 960.000 euros, y un hotel en Cunit con un valor de 2.500.000 euros, así como un solar urbanizable en Cervelló en el que existe un proyecto de edificación de viviendas unifamiliares.

Asimismo, se han bloqueado productos bancarios en diferentes entidades que están siendo minuciosamente analizados pero que ya alcanzan una cuantía millonaria.

No es una obviedad decir que el mes que acaba de empezar es uno de los más adecuados para cambiar de trabajo o buscar un nuevo empleo. Tras el letargo estival, las ETT, las empresas de selección y los cazatalentos identifican este cuatrimestre como el de más movimiento. Según Page Personnel, compañía de selección directa y trabajo temporal especializado,las organizaciones aprovechan los meses previos a los parones estacionales, verano e invierno, para consolidar su estructura y así enfrentarse a las épocas con mayor carga de trabajo con el equipo listo e integrado. Los profesionales tienen ante sí un curso escolar lleno de oportunidades: por cuenta propia o por ajena, la veda está abierta.

La temperatura laboral
Con 3.969.661 parados, según informó esta semana el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la situación no es muy alentadora, como tampoco lo es la visión de algunos expertos que prevén poco movimiento en el mercado laboral. Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), estima la creación de 60.000 empleos en el tercer trimestre, “una cifra insuficiente, porque de manera interanual continuaremos con una tendencia de destrucción de empleo pero, eso sí, a menor ritmo”. Aranda reconoce que la única contratación que ha reactivado la economía ha sido temporal, lo que ha coincidido con un peor comportamiento de la indefinida. Si perdura en meses sucesivos podía esconder una dinámica preocupante desde el punto de vista cualitativo que no se debería prolongar en el tiempo.

Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, tampoco espera grandes cambios para el último trimestre de 2010, ni cree que la reforma laboral vaya a dar un impulso definitivo al empleo. “La aprobación de la ley puede disipar las dudas y aumentar la contratación. Sin embargo, no aprecio cambios de tal envergadura que animen a los empresarios a una contratación masiva”. En su opinión, y partiendo de una mejora económica generalizada, medidas como flexibilizar el contrato a tiempo parcial y la creación de un contrato único, que elimine la diferencia entre temporal e indefinido, habrían sido efectivas. “No ha sido positivo limitar el contrato de obra a tres años, cuando todos sabemos que luego se prolonga más”.

Sagardoy añade que para flexibilizar la entrada en el mercado laboral no se habría fijado tanto en el coste del despido porque “eso no anima la contratación”. Aranda también considera insuficiente la reforma: “No actúa sobre los dos ejes principales, la flexibilidad interna de las empresas y la reducción de la enorme e injustificada dualidad entre trabajadores fijos y temporales”.

Otra de las reformas que según Sagardoy aún está en el tintero tiene que ver con los convenios colectivos: “Para modernizar esta regulación laboral es necesario un cambio cultural por parte de las fuerzas sindicales y una reforma legislativa eficaz que permita modificar cualquier convenio cuando existan unas causas justificadas. A menudo adaptarse a la situación supone una reducción de los despidos a medio plazo”.

Ejecutivo en paro busca…
Al margen de esta coyuntura tan complicada, los directivos en paro no pueden quejarse: el interés por estos perfiles está despertando. Según la Association of Executive Search Consultants (AESC) –que aglutina a 268 firmas en todo el mundo–, la evolución positiva del sector se refleja en un incremento del 42% de ingresos y un aumento del 38% en el número de búsquedas globales respecto a 2009. Esta tendencia alcista se refleja sobre todo en el ámbito de la industria de servicios financieros, que en el segundo cuatrimestre de 2010 ha crecido un 50% respecto al mismo periodo en 2009. Le siguen muy de cerca los sectores de tecnología, industria y consumo. Luis Truchado, socio de Eurogalenus, asegura que “lo peor de la crisis financiera mundial ya ha pasado”.

Este año será el ámbito tecnológico el que más candidatos atraiga, según explica Plácido Fajardo, socio de Leaders Trust: “Todo lo relacionado con la tecnología aplicada al negocio va a ganar importancia en las empresas dedicadas a tecnologías de la información, las telecomunicaciones y en las de cualquier otro sector que buscan incorporar profesionales capaces de entender cómo la tecnología les ayuda a hacer más eficientes sus procesos internos”.

Una vez más señala las posiciones comerciales como las que ganarán protagonismo. Truchado suma a éstas las de desarrollo de negocio y relaciones institucionales. Para Euprepio Padula, socio de Padula & Partners, el sector informático también dará que hablar en los próximos meses por la búsqueda de directivos. En cualquier caso, Truchado recomienda al directivo tener un plan de carrera personal lo más definido y mantenerse a lerta sobre las posibilidades del mercado.

Otra de las opciones laborales que pueden manejar los ejecutivos en paro o descontentos por su situación laboral es convertirse en su propio jefe. Javier Pelayo, socio director general de Crescenda –asesores en franquicia–, explica que “estamos ante modelos profesionales muy distintos a los de hace veinte años. Existen personas entre 40 y 45 años con mucha cualificación y experiencia internacional que pueden sacar partido a su potencial. Y ahora, existen más empleados que empleadores”. A partir de 12.000 euros cualquier ejecutivo puede formar parte de la red de franquicias de esta enseña, convirtiéndose así en asesor de aquellos emprendedores que deseen acceder al sector. Pelayo asegura que en el primer año de actividad cada asesor está firmando unas seis operaciones, “pero el objetivo es llegar a unas veinte anuales”.

Trabajos a medida
Hace cinco años Francia aprobó la denominada Ley Borloo para regular los servicios a la persona. Desde entonces ya se han creado más de medio millón de empleos en este ámbito. En España, empresas como Axa, Alares, ActionCare y Sodexo, entre otras, que integran la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP), están trabajando por esta regularización y algunas incorporarán profesionales en el próximo trimestre.

Fempsa Servicios Socio-Sanitarios prevé contratar ocho auxiliares de ayuda domicilio; Acadomia, franquicia que ofrece clases particulares a domicilio, es una buena oportunidad para comerciales, pedagogos y profesores. Los empleados de la central pueden optar a un salario anual medio que oscila entre los 20.000 y 45.000 euros brutos anuales; los profesores ganan un media de 13 euros por hora de clase. Otro de los asociados es ChaoKilos-ChaoVello. Esta red de centros de estética ofrece servicios a domicilio y prevé la apertura de 100 nuevos centros en 2011, que darán empleo a 200 especialistas en estética.

Llegar a director con 32 años
Los jóvenes titulados que se plantean ahora su primer empleo tienen la opción de acceder a una carrera internacional y crecer profesionalmente en poco tiempo. Es el caso de Alba Herrero y Jaime Fernández de la Vega, recién nombrados directores de RRHH de la división de productos profesionales y de la de productos de lujo, respectivamente, en L’Oréal.

Ambos se incorporaron en 2004 y la promoción interna les ha permitido llegar a directivos apenas superada la treintena. El paso por distintas posiciones es la clave para este crecimiento que, según confiesan, les hace plantearse seriamente una larga temporada en la organización.