Cinco Días

Los rusos las prefieren grandes, nuevas y en Alicante

Las compras de viviendas por parte de extranjeros representan ya el 8,12% del mercado, igual que antes de la crisis.

Las casas a estrenar y de más de 100 metros cuadrados son las preferidas por los demandantes con mayor poder adquisitivo.

Si algo bueno ha deparado la crisis al mercado inmobiliario es que la rebaja de precios es ya tan notoria que hablar de chollo y comprar casa en la misma frase no es ciencia ficción. Esto explica que todas las estadísticas publicadas hasta ahora ratifiquen que han aumentado notablemente los extranjeros que vuelven a elegir España como destino de su residencia de vacaciones.

Los números recopilados por los registradores de la propiedad avalan esta tesis. En 2012, el 8,12% de todas las compraventas de casas fue realizado por extranjeros, con fines turísticos mayoritariamente. Este porcentaje contrasta con el 6,04% de 2011 y, sobre todo, con el exiguo 4,24% de 2009, el peor año de la serie histórica que elabora el Colegio de Registradores de la Propiedad. Así, ese volumen de transacciones efectuadas por ciudadanos foráneos el año pasado supone volver a niveles de 2007.

¿Qué tipo de vivienda adquieren los extranjeros? ¿Varía mucho según la nacionalidad? Las estadísticas en detalle ofrecen algunas pistas.
Los británicos continúan siendo los mayores compradores de casa en España, ya que representan el 16,63% de todas las operaciones, aunque su tendencia es claramente descendente si se compara con el 23,4% de 2010. El segundo y el tercer lugar de la clasificación son los más disputados. A continuación de los británicos se sitúan los franceses, con el 9,96% de las operaciones, casi empatados con los rusos, que en muy poco tiempo se han alzado a la tercera posición, con el 9,62%, desbancando a los otrora todopoderosos alemanes y, lo más importante: subiendo.

100 metros cuadrados o más
Las cifras también revelan los gustos o preferencias de los compradores. Así, mientras en términos agregados pesa más la vivienda usada que la nueva, hay algunas nacionalidades que destacan por decantarse mayoritariamente por casas a estrenar. Se trata de los ciudadanos de los países con mayor poder adquisitivo. Entre ellos están los holandeses (con el 58,61% de las compras de casas nuevas), los rusos (56,82%), suecos (54,69%), belgas (52,96%), noruegos (52,83%) y británicos (52,1%).

En cuanto a la superficie media, también se nota cómo los compradores con más presupuesto optan por comprar casas más grandes, aquellas de más de 100 metros cuadrados. En esa categoría se engloban de nuevo los rusos (con casi el 40% de las operaciones), los holandeses (49,59%), noruegos (43,46%), suizos (43,04%), británicos (38,24%), daneses y alemanes, con algo más del 36%.

Y una vez que ya se conoce cómo son las casas preferidas de los extranjeros que eligen España, falta por saber dónde se ubican esas viviendas. En la clasificación por comunidades autónomas destaca como primer destino Baleares, donde una de cada cuatro casas que se vende en la actualidad es a un extranjero (el 24,95%), seguida de Canarias (22,11%), la Comunidad Valenciana (18,01%), Murcia (11,24%), Cataluña (9,34%) y Andalucía (8,86%). Y por provincias sobresale Alicante, con un 33,39%, seguida de Tenerife, con el 27,19% y Gerona (25,35%).

Con toda esta información disponible, los registradores concluyen que “nunca España ha mostrado una tendencia tan clara a convertirse en destino residencial turístico de ciudadanos extranjeros con vivienda en propiedad”. Y aunque la industria hotelera no oculta su preocupación por este fenómeno, lo cierto es que el hecho de que siga aumentando la entrada de turistas con casa en propiedad también ofrece inmejorables oportunidades económicas y sociales, según animan los expertos.
[Via CincoDias]

La reforma hipotecaria en Irlanda: quitas en la deuda pero gasto racionado

El mismo día que el Congreso de los Diputados aprobaba, con los votos del PP en solitario, el decreto de reforma hipotecaria, el otro país de la zona euro con empacho de ladrillo, Irlanda, daba las líneas generales de lo que supondrá para los hipotecados acogerse a las medidas de alivio que plantea el país.

Así, el Gobierno ha incluido en los procesos concursales personales la deuda hipotecaria (en España o Reino Unido ésta queda fuera), y el Servicio Irlandés de Insolvencias ha definido los estándares aceptables de bienestar que determinarán qué gastos son imprescindibles para un hogar en concurso. De este modo, a cambio de la renegociación y las quitas en las hipotecas, el consumo familiar estará racionado.

Una persona que viva sola y entre en este proceso concursal solo podrá gastar 247,07 euros al mes en comida, 57,31 en calefacción o 125,97 en gastos denominados “inclusión social”, es decir, ir al cine o a otros espectáculos. Se podrán gastar 35,73 euros en ropa y 33,4 en higiene personal.

En la mayor parte de los casos, los hipotecados tendrán que renunciar a los seguros médicos privados y sus coches, salvo que no tengan acceso al transporte público. También se podrán prohibir las vacaciones y la televisión por satélite.

En Irlanda los impagos de las hipotecas son mayores que en España. El 12% del total de las hipotecas, unas 120.000, tienen retrasos de tres meses o más en los pagos, como consecuencia de la crisis económica, el aumento del paro y la bajada de los salarios. Otras 100.000 hipotecas han sido renegociadas, pero en el país no se han producido apenas desahucios. En total, se estima que 400.000 hipotecas incluyen deudas superiores al valor del inmueble que las respalda.

Estos estándares de vida son relevantes de cara a la renegociación con la banca de las hipotecas morosas, pues definen los criterios para la bancarrota personal. El Banco Central del país, en todo caso, está presionando a la banca para renegociar las hipotecas antes de que los clientes se acojan a dicha bancarrota.
De este modo, cada banco tendrá que cumplir de forma trimestral unos determinados objetivos de saneamiento de su cartera hipotecaria de cara a 2014, proponiendo acuerdos “sostenibles” con sus hipotecados. En paralelo, se eliminarán las trabas legales que han evitado, hasta el momento, desahucios de primera vivienda.

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[Via CincoDias]

El éxodo de extranjeros baja la población de España a 47,05 millones

La población española ascendía a 47.059.533 habitantes a 1 de enero de 2013, lo que supone una disminución de 205.788 personas respecto a la misma fecha de 2012, según el avance de resultados del Padrón Municipal difundido por el Instintuto Nacional de Estadística (INE).

Es la primara vez que la población española disminuye desde que en 1998 comenzaron a publicarse las cifras oficiales de población provenientes de la revisión padronal a 1 de enero. En los últimos quince años, el aumento de población en España había estado impulsado, fundamentalmente, a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 en el año 2000 a 5.747.734 en 2010. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia ha ido cambiando hasta el punto de que en 2011 las inscripciones netas de extranjeros fueron negativas (-15.229) y en 2012 lo han vuelto a ser, y en mayor cuantía (-216.125).

Así, frente a un aumento del número neto de españoles empadronados de 10.337 personas (0,02%) en 2012, el número de extranjeros descendió el año pasado en 216.125 (un 3,8% menos). Entre estos últimos, los pertenecientes a la UE-27 disminuyen en 90.639 (hasta un total de 2.352.978 personas), mientras que los no comunitarios se reducen en 125.486 personas (situándose en 3.167.155).

Esta disminución en el número de extranjeros inscritos en el padrón ha provocado que por primera vez la población española haya descendido en su conjunto. De total de personas empadronadas a 1 de enero de 2013, 41.539.400 tienen nacionalidad española y 5.520.133 son extranjeros, lo que representa el 11,7% del total de inscritos, mientras que el año pasado la población de extranjeros representaban el 12,1%. Por nacionalidades, los mayores descenseos en 2012 se dieron entre los ciudadanos de Ecuador (45.951 inscritos menos), Rumanía (28.568 menos) y Colombia (24.984 menos).

En términos relativos, entre las nacionalidades con mayor número de empadronados, los mayores descensos de población se dan entre los ciudadanos de Ecuador (un 14,9% menos), Argentina (10,8% menos) y Perú (-10,6% menos). Mientras, el año pasado aumentó el número de inscritos en el padrón de China (3.647 más), Pakistán (730) e Italia (246). También en términos relativos aumentan estos tres grupos: China (un 2,1%), Pakistán (un 0,9%) e Italia (un 0,1%). Pese a esta variaciones, el ranking de extranjeros habitantes en España lo sigue encabezando los rumanos (868.635, el 15,7% de extranjeros), marroquies (787.013, 14,3% de extranjeros), británicos (383.093, 6,9% de extranjeros) y ecuatorianos (262.223, 4,8% de extranjeros).
Por grupos de países, los más numerosos son los ciudadanos de la UE-27, que representan el 42,6% del total de extranjeros. Le siguen los de América del Sur, que suponen un 21,1% del total.

Todas las autonomías pierden población
Por comunidades autónomas, en el último año la población ha disminuido en todas las comunidades autónomas y sólo aumenta en la ciudad autónoma de Melilla (2.798 personas más). Las comunidades autónomas más pobladas siguen siendo Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, mientras que La Rioja, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra continúan siendo las menos pobladas. Castilla y León (30.605 personas menos), Andalucía (28.711 menos) y Comunitat Valenciana (24.901 menos) registran las mayores reducciones de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013. Por su parte, los menores descensos de población corresponden a la ciudad autónoma de Ceuta (125 personas menos), Comunidad Foral de Navarra (702 menos) y La Rioja (2.120 menos). En términos relativos, las mayores reducciones de población se presentan en Castilla y León (un 1,2% menos), Castilla-La Mancha (1,2% menos) y Principado de Asturias (0,9% menos). En la ciudad autónoma de Melilla el incremento relativo es del 3,5 por ciento. Las comunidades con mayor proporción de extranjeros son Illes Balears (20,1%), Comunitat Valenciana (16,8%) y Región de Murcia (15,7%). Por el contrario, las que tienen menor proporción de extranjeros son Extremadura (3,7%), Galicia (4,0%) y Principado de Asturias (4,5%).

El 39,7% de la población empadronada en España reside en municipios mayores de 100.000 habitantes. Por otro lado, el 20,9% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes. De los 8.117 municipios que hay en España, 4.901 tienen una población menor de 1.000 habitantes. Las comunidades con mayor número de municipios con menos de 1.000 habitantes son Castilla y León (con 1.986 municipios), Castilla-La Mancha (628) y Aragón (619).

Por el contrario, las comunidades con menor número de municipios menores de 1.000 habitantes son Canarias (un municipio), Región de Murcia (dos) e Illes Balears (seis). EL 43,9% MÁS DE 45 AÑOS El 49,2% del total de inscritos en el padrón son hombres y el 50,8% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,5%). Además, por edades, el 15,9% de la población tiene menos de 16 años, el 40,2% tiene entre 16 y 44 años y el 43,9% tiene 45 o más años.
Por nacionalidad, el INE destaca la diferencia en el grupo de 16 a 44 años. Así, mientras que los empadronados españoles de estas edades representan el 37,7% del total, el porcentaje se eleva al 58,8% en el caso de los extranjeros. Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (52,0 años), alemanes (50,7) y franceses (41,7).

Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos marroquíes (28,2 años), pakistaníes (29,5) y chinos (29,5). El 85,9% de la población empadronada ha nacido en España y el 14,1% en el extranjero. Por nacionalidad, el 96,2% de los españoles ha nacido en España, mientras que en el caso de los extranjeros esta cifra es del 8,4%.
[Via CincoDias]

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Equilibrar las pensiones solo con la jubilación exigiría retrasarla a 70 años

El Gobierno quiere incluir el factor de corrección en los Presupuestos de 2014.
Alemania, Suecia, Portugal y Hungría las revalorizan según la marcha de la economía

La última reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó una serie de cambios para recortar el gasto a medio y largo plazo. Para ello fijó un periodo transitorio hasta 2027 en el que se retrasa la edad de jubilación a los 67 años; establece otro, hasta 2016, en el que se amplia de 15 a 25 los años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión;endureció las jubilaciones anticipadas (a las que el PP acaba de dar otra vuelta de tuerca); cambió la escala de aseguramiento; y previó la creación de un corrector automático del gasto (factor de sostenibilidad).

Con todo ello, según distintos cálculos, en 2027 el ahorro en gasto en pensiones será de 3,5 puntos sobre el PIB, dejando el gasto cercano a la media prevista para la UE en ese año (12% del PIB). Y la tasa de sustitución (porcentaje del último salario que se recibe como pensión) bajará del 80% al 72% en 2027.

Pero esto no será suficiente para garantizar la sostenibilidad de un sistema que ya tiene un déficit de 14.000 millones anuales. El recrudecimiento de la crisis exige al Gobierno acelerar la implantación de estas reformas o incluso apostar por otras nuevas. La vía elegida para hacer estos cambios es adelantar la puesta en marcha del factor de sostenibilidad creado en la reforma de Zapatero y cuya aplicación la ley preveía para 2027. Si bien, el actual Ejecutivo posibilitó, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, la aplicación automática de este factor si se proyecta déficit a largo plazo en el sistema de pensiones.

Listo antes del verano
Y en ese punto se está ahora. Un grupo de expertos ya elabora una propuesta para este factor, que presentarán a finales de mayo. Y, según distintas fuentes, el Ejecutivo negociará su diseño final con los agentes sociales y los grupos del Pacto de Toledo antes del verano, para incluirlo en los Presupuestos Generales de 2014.

¿Cómo será este factor y qué cambios operará en el sistema de pensiones? Los expertos que elaborarán este mecanismo parten de los distintos modelos que ya han sido aprobados los principales países europeos. Podrán escoger uno de estos modelos o combinarlos.

Para empezar, la ley española precisa que a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán según la esperanza de vida a los 67 años en el año de cada revisión. Y esta revisión se hará cada cinco años. La clave será qué parámetros del sistema se vincularán a dicha esperanza de vida.

Según un estudio elaborado por las universidades de Valencia y Extremadura y que manejan los expertos, la experiencia europea dice que la esperanza de vida puede modificar uno o varios de estos parámetros: la edad de jubilación, los años cotizados exigidos y la cuantía de la pensión inicial.

[Via CincoDias]

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La Audiencia de Burgos prohíbe las subastas hipotecarias sin revisión judicial

La Audiencia provincial de Burgos es el primer órgano de apelación español que traspone la sentencia del Tribunal Europeo sobre los desahucios mediante una resolución por la que no podrá celebrarse ningún lanzamiento hipotecario sin la revisión previa de un juez.

En el auto, dictado hoy por la sección segunda de la Audiencia provincial, se señala que antes de cualquier subasta o lanzamiento hipotecario se deberá someter el procedimiento a un juez que analice la posibilidad de que en la escritura hipotecaria existan “causas de nulidad, ilícitas o abusivas”.

El presidente de la Audiencia provincial, Miguel Carreras, ha explicado a los periodistas que en la práctica supone posibilitar un mecanismo jurídico-procesal para paralizar los desalojos hipotecarios que sienta jurisprudencia en Burgos, pero no obliga a órganos judiciales del resto de España.

Con este auto se determina que nadie podrá ser lanzado en el proceso hipotecario, es decir, obligado a abandonar su vivienda, en Burgos sin que un juez haya podido analizar previamente las cláusulas de la escritura de la hipoteca ejecutada.

Carreras ha explicado que se trata de un auto con una “sólida fundamentación jurídica” que ha adoptado también por “sensibilidad humana”.

Ha explicado que no se trata de “deslegitimar” los procedimientos de ejecución hipotecaria sino de corregir un defecto que provocaba la indefensión de los hipotecados, porque se podían ver “en la calle” sin posibilidad de defensa.

Incluso ha apuntado que se podían dar casos en los que finalmente se diera la razón a la persona desahuciada cuando ya no tenía remedio, porque la vivienda era ya propiedad de un tercero.

Carreras ha insistido en que no se trata de una paralización definitiva de los desahucios ni de que se dejen de practicar, sino de una suspensión cautelar para que el juez pueda estudiar los documentos y oír a las partes, aunque si decide que todo es correcto se terminará ejecutando la hipoteca.

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[Via CincoDias]

Las empresas piden aplazar 17.595 millones en el pago de impuestos

Para paliar las restricciones al mercado de crédito, cada vez más empresas optan por solicitar a la Administración el aplazamiento de los pagos de impuestos. Se trata de una medida que, obviamente, tiene un coste financiero. Sin embargo, en un contexto como el actual, para muchas sociedades resulta más sencillo postergar el abono de su factura fiscal que solicitar un préstamo a la banca. Los datos de Hacienda son ilustrativos. En 2006, las empresas pidieron retrasar 2.855 millones en impuestos. En 2012, esa cifra alcanzó los 17.595 millones, según datos de la Agencia Tributaria. Un nivel sin precedentes.

A Hacienda llegaron casi dos millones de solicitudes –otro récord– para pedir una tregua tributaria. En total, la Agencia Tributaria concedió, el año pasado, 8.536 millones de aplazamientos, aunque advierte que resulta erróneo relacionar esa cifra con los 17.595 millones de euros solicitados. Ello es así porque algunas concesiones pueden proceder de aplazamientos solicitados en ejercicios anteriores y el visto bueno de una demora solicitada un año puede recibir el visto bueno el siguiente.

Fuentes de la Agencia Tributaria indican que la falta de ingresos de la Administración no ha derivado en un endurecimiento de las condiciones para aceptar o no una petición de demora del pago fiscal. Aunque reconocen que sí se han mostrado más exigentes a la hora de prorrogar aplazamientos ya concedidos. La mayoría de peticiones para postergar impuestos corresponden al IVA y al impuesto sobre sociedades. Resulta menos frecuente que la Agencia Tributaria acepte aplazamientos en las retenciones que las empresas aplican a sus trabajadores.

Con el advenimiento de la crisis, el número de empresas con problemas de liquidez sobrepasó cualquier previsión. Ante este contexto, el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó aplazar deudas tributarias hasta 18.000 euros sin necesidad de presentar aval. Hasta ese momento, el límite eran 6.000 euros.

Además de Hacienda, la Seguridad Social también permite a las empresas demorar el pago de cotizaciones, aunque su importe es mucho menor que en el caso de Hacienda. Los últimos datos muestran que el organismo que dirige Tomas Burgos recibió la solicitud para retrasar cuotas sociales por 1.570 millones de euros.

Deuda pendiente de cobro
¿Cuántos de los 8.536 millones de aplazamientos concedidos por Hacienda se queda sin cobrar? La Administración asegura que la mayor parte termina devolviéndose. Entre otras cosas, porque la Agencia Tributaria analiza la situación de las empresas y rechaza la posibilidad de demora cuando observa que no habrá capacidad para cumplir con los compromisos.

De hecho, la deuda que preocupa a Hacienda no es la que procede de los aplazamientos sino la que se genera por la evasión fiscal o la que simplemente deja de pagarse. Buena parte de la nueva Ley contra el Fraude que el Gobierno aprobó a finales del año anterior tenía como principal objetivo cobrar la deuda pendiente o las cuotas defraudadas descubiertas. Por ejemplo, se estableció la inversión del sujeto pasivo en determinadas operaciones inmobiliarias. En aquellos casos en que una constructora entrega una promoción al banco para saldar su deuda hipotecaría, la ley ahora obliga que sea la entidad financiera quien abone el IVA que lleva aparejada esa operación. Con ello Hacienda se asegura el cobro. También se aprobó una suerte de embargos preventivos que permiten emprender medidas cautelares tras el inicio de una inspección. Hasta la entrada en vigor de la ley ello solo era posible tras formularse un acta de liquidación.

Pasos para retrasar la factura fiscal
Una sociedad puede reclamar a Hacienda una demora en el pago de los impuestos en prácticamente cualquier momento. Incluso si ya se ha cumplido la fecha para el abono de un determinado impuesto. La legislación solo impide ese trámite cuando la Agencia Tributaria o la Seguridad Social ya han notificado el inicio de un embargo. La mayor parte de las empresas que reclama posponer deuda fiscal opta por aplazar la cuota de IVA o el impuesto sobre sociedades, dependientes de la Administración central. Para retrasar el abono de otros tributos como el impuesto sobre transmisiones, el contribuyente debe dirigirse a la comunidad autónoma competente. Y la Seguridad Social decide sobre aplazamientos de cuotas sociales.

Hacienda concede moratorias de hasta 18.000 euros sin necesidad de aportar un aval, mientras que la cifra se eleva hasta los 30.000 en el caso de la Seguridad Social. La empresa deberá facilitar a la Administración datos que corroboren la necesidad de solicitar un aplazamiento. Y, obviamente, entregar a Hacienda o la Seguridad Social todos los documentos posibles para demostrar que la sociedad será capaz de devolver el aplazamiento.
El interés que se aplica a los retrasos fiscales es el tipo de interés de demora para aquellos aplazamientos concedidos sin aval. Desde 2009, se mantiene en el 5%. Si la empresa ofrece garantías, el tipo de referencia es el interés legal del dinero, ubicado en el 4%. Ambas referencias se publican cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

¿Y qué sucede si no se devuelve el dinero? Si se han presentado avales o garantías, éstos son ejecutados. En caso contrario, la Administración inicia el llamado procedimiento de apremio que puede derivar también en embargos.

[Via CincoDias]

Un menor tráfico en las ciudades reduce los ingresos en alquiler de aparcamientos

En 2012, los ingresos por alquiler de aparcamiento fueron de 575 millones, 3,4% menos que 2011

Cada año es menor el uso de coches privados y mayor el de transporte público en las ciudades. Este hecho y el descenso en la venta de coches en España, que pasó de 1,5 millones en 2007 a 699.589 unidades en 2012, han provocado que las personas ya no alquilen aparcamientos. Un estudio de la empresa DBK revela que la facturación en el mercado de alquiler de plazas en aparcamientos se situó en 575 millones de euros en el último ejercicio, 3,4% menos que en 2011, su segundo año en negativo.

Las cifras de la dirección general de tráfico confirman la mala tendencia. Por las calles y avenidas españolas circulan más de 31,2 millones de vehículos (furgonetas, camiones, autobuses, turismos, motocicletas, tractores, remolques y otros). En 2006 se alcanzó la cifra de matriculación de 2,2 millones de automóviles, sin embargo no había disminuido tan significativamente hasta 2012, cuando solo alcanzaron 910.183 matrículas.
Así, las personas prefieren utilizar el transporte público en sustitución del coche privado, lo que ha derivado en menos ingresos del alquiler de plazas de rotación (estacionamientos de empresas privadas) con una caída del 4,2% en 2012 y una cifra de negocios de 410 millones de euros. Este comportamiento también es por el descenso de la utilización de aparcamientos en centros urbanos y superficies comerciales y de ocio, destaca el estudio de la empresa española DBK.

Mientras que el mercado de gestión de plazas de aparcamiento regulado (contratado en los ayuntamientos para el uso de plazas verdes) concluyó el 2012 con un valor de 235 millones de euros. Este se mantuvo gracias al aumento de tarifas y la ampliación de zonas de aparcamiento regulado en superficie en municipios medianos y pequeños.

Desde 2010 no hay cifras alentadoras para este sector. El 2011 descendió un 1,7%; en 2012 también bajó hasta 3,4% con una ganancia de 575 millones de euros. Además, el estudio de DBK indica que las previsiones de evolución del volumen de negocio para el bienio 2013-2014 apuntan al mantenimiento de la tendencia de moderado descenso, en un contexto de prolongación de la negativa coyuntura económica que seguirá afectando al grado de ocupación de las plazas, tanto de aparcamientos en estructura como de aparcamientos regulados en superficie.

En España hay unas 630 empresas de gestión de estacionamientos en estructura, con al menos 475.000 plazas de rotación localizadas en Cataluña y Madrid. Las cinco primeras empresas de alquiler de plazas de aparcamiento en estructura reunieron de forma conjunta el 55% de este mercado en 2012.

[Via CincoDias]

La mora hipotecaria de los hogares subiría al 10% con la dación en pago

La implantación de la dación en pago incrementaría la morosidad hipotecaria y el número de viviendas de en los balances de las entidades

La morosidad hipotecaria de las familias españolas, actualmente en el 35 %, podría alcanzar entre el 8% y el 10% si se implantara en España la dación en pago universal y retroactiva, según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

En el último número de la revista Cuadernos de Información Económica, que edita esta institución, dedicado en esta ocasión a la reforma del mercado hipotecario, María Romero, de Analistas Financieros Internacionales, señala que no sólo repuntaría la morosidad sino que crecería el número de viviendas en los balances de las entidades financieras.

Esto repercutiría negativamente en sus cuentas de resultados, ya que bancos y cajas tendrían que aumentar sus provisiones, y provocaría una nueva contracción del crédito.

Además, la analista ha calculado que el número de viviendas cuyas hipotecas superan el importe del préstamo es de aproximadamente medio millón, con lo que el porcentaje de ellas que podría acogerse podría ser de entre el 3,5% y el 4,6%.

Actualmente, prosigue el artículo, unas 157.000 familias (un 0,9% del total) pueden solicitar la moratoria de dos años en los desahucios aprobada por el Gobierno el pasado mes de noviembre.

Por lo que respecta a la situación general del mercado hipotecario español, Santiago Carbó y Francisco Rodríguez han calculado que la deuda hipotecaria representa un 64% del PIB, lo que la convierte en la cuarta mayor de Europa.

No obstante, ambos autores señalan que la mora hipotecaria de las familias, que ronda el 3,5%, es “relativamente baja” comparada con el 10,4% total, aunque advierten del efecto adverso que puede causar el alto nivel de paro y la posibilidad de que suban los tipos de interés.

Otro de los artículos de Cuadernos de Información Económica, firmado por María Arrazola, José de Hevia, Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz, explica el mercado tardará unos trece años en colocar las viviendas actualmente disponibles.

Esto supone, según los autores del artículo, que el plazo establecido por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para vender las 89.000 viviendas de las entidades nacionalizadas, 15 años, es suficiente.

[Via ElEconomista]

Canarias baraja replicar las medidas contra desahucios de Andalucía

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que su Gobierno va a estudiar la “viabilidad jurídica” del decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía porque “es interesante” de cara a adoptar medidas contra los desahucios.

Así lo ha asegurado Rivero en un encuentro informativo con periodistas en Madrid, en el que también ha señalado que de comprobarse su “solvencia”, Canarias podría tener en cuenta el decreto a la hora de adoptar medidas para luchar contra los desahucios.

En este sentido, ha señalado que las medidas que suele impulsar Andalucía en materia social “hasta ahora” han resultado ser “bastante solventes”. “Vamos a estudiar si tiene viabilidad este camino”, ha explicado.
“El paso que ha dado Andalucía es interesante pero tenemos que analizarlo despacio y con tranquilidad”, ha insistido, para añadir que el Gobierno que preside ya está “explorando distintas posibilidades” relacionadas con las “viviendas vacías”, desde antes de que Andalucía aprobase el decreto.

Asimismo, Rivero ha lamentado que el de los desahucios es un “asunto delicado” al que ni el Gobierno de España ni el resto de instituciones le prestaron en el pasado “la atención que merecía”. “Sin ninguna duda hay que estudiar todas las posibilidades para intentar acabar con la crudeza de este asunto”, ha sentenciado.
“Creo que hay que prestar la máxima atención. No se tuvo reflejos. Hay que mirar al futuro para ver como se soluciona”, ha señalado, para añadir que además el Gobierno debería paralizar por el momento todos los desahucios hasta adaptar la normativa española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas.

[Via CincoDias]

Las financieras no se adscriben al código de buenas prácticas hipotecarias

Un año después de su puesta en marcha, el 9 de marzo de 2012, “el código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual”, cuya adscripción resulta de carácter voluntario, cuenta con 97 firmantes, el grueso del sistema financiero español. El listado incluye desde los grandes bancos nacionales a cooperativas de crédito, pasando por cajas rurales y entidades extranjeras que operan en España. Las financieras son, sin embargo, las grandes ausentes del código.

Asociaciones de usuarios de banca, como Adicae, señalan como especialmente grave la ausencia de dos firmas, UCI y Credifimo, que paradójicamente están en manos de dos grandes entidades que sí han declarado públicamente su adhesión al código.

UCI, de una parte, es una entidad participada a medias por Banco Santander y BNP Paribas. La Unión de Créditos Inmobiliarios, que se publicita como “líder en la comercialización de hipotecas a través de los profesionales del sector inmobiliario” y mueve unos 11.500 millones en inversión crediticia, sostiene en su web que “el compromiso de UCI es que todos los préstamos firmados cumplan los requisitos de crédito responsable”, si bien no cuenta entre estos el código de buenas prácticas. “Lo valoramos como una buena iniciativa y nos inspiramos en sus puntos, pero no todos son aplicables a nuestra cartera. Preferimos dar soluciones individuales a nuestros clientes”, detalla Fernando Delgado, director de marketing de UCI, que no prevé que la firma se adhiera a él ni siquiera por una cuestión “reputacional”.

Credifimo, de otro lado, pertenecía inicialmente a Cajasol, entidad andaluza que terminó fusionándose con Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos en Banca Cívica, entidad que a su vez fue absorbida el pasado año por CaixaBank. Credifimo se define como “una entidad de créditos hipotecarios y personales” a la que han confiado sus préstamos hipotecarios “más de 20.000 familias”, según su web. Desde Adicae exponen que la firma se encuentra en desmantelamiento y que solo conserva una oficina en Madrid, en la que tampoco encuentran un interlocutor que les aclare si CaixaBank se hará responsable de sus créditos. Declinando dar más detalles, desde la matriz sí señalan que Credifimo, que no da ya crédito nuevo, estaría planteándose firmar el código. La firma conservaría un saldo de 400 millones en crédito y 4.000 operaciones.

UCI y Credifimo no son un caso único. Pese a la presión motivada por haber motivado polémicos desahucios, otras financieras como General Electric Money Bank o Hipoval tampoco han firmado el acuerdo.

El código de buenas prácticas es una norma que obliga a sus firmantes a aplicar una hoja de ruta especial para colectivos vulnerables que sean incapaces de afrontar su hipoteca. Los pasos a dar van desde la refinanciación de la deuda, incluyendo plazos de carencia o quitas, a la dación en pago con un alquiler social si no fuera posible otra solución. Además de su carácter voluntario, la principal crítica a esta medida, destinada a paliar el drama de los desahucios, fue lo exiguo de los posibles beneficiarios. Según Adicae solo un 12% de los afectados puede ampararse en ella. Se trataba de familias con todos sus miembros en paro, a las que la cuota hipotecaria supusiera un 60% de sus ingresos –aunque fueran prestaciones por desempleo– y cuya deuda recayera en una única vivienda tasada por no más de 120.000 euros, en pueblos, o 200.000 en ciudades. La reforma hipotecaria que ultima el PP recoge ampliar los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con discapacitados o menores de tres años al cargo, o cuyas rentas no superen los 19.000 euros anuales.

[Via CincoDias]