Libertad Digital

Ene

12

Gallardón libera a los sindicatos de pagar las tasas judiciales

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita de Justicia Gratuita que amplía los colectivos que pueden beneficiarse de este servicio si acreditan la insuficiencia de medios como las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o discapacitados.

Según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, este anteproyecto deroga la actual ley de Justicia gratuita en vigor desde hace 17 años para permitir que colectivos que no tenían potestad para disfrutar de este beneficio puedan ahora accederlo. Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha indicado que el texto garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución asegurando la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El anteproyecto supone “un auténtico impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita”, porque incorpora, ha subrayado el ministro, nuevos recursos que posibilitan ampliar el número de españoles que se van a beneficiar de este servicio con relación a la legislación vigente.

En un momento de austeridad, de congelación y de reducción presupuestaria, según Gallardón, la nueva ley de justicia gratuita ha sido posible como consecuencia de las previsiones de recaudación de la ley de tasas del 20 de noviembre de 2012.

Más beneficiarios
La ley amplía “considerablemente” el número de beneficiarios de la justicia gratuita, al tiempo que reconoce a aquellos que lo son en función de su renta y aquellos que lo son con independencia de sus ingresos.

En función de la renta, el Ejecutivo ha incrementado los umbrales hasta ahora vigentes para acceder a la justicia gratuita, situándolos entre dos y cinco veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.

En concreto, el umbral para acceder a la justicia gratuita de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el IPREM (15.973 euros al año) y hasta 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39 euros).

También estarán cubiertos por la justicia gratuita aquellos procesos relacionados con circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, elevándose el límite de ingresos de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).

Con independencia de los recursos económicos, la nueva norma incluye también unos beneficiarios, pertenecientes a “colectivos especialmente vulnerables” como víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como menores y discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.

También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales.

El anteproyecto también reconoce el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en la primera instancia del orden social.

Igualmente, Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social tendrán derecho a la justicia gratuita, siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos

[Via LibertadDigital]

Jul

22

El IVA de los libros de texto seguirá siendo del 4%

Montoro puso negro sobre blanco: el IVA que será aplicado a los libros de texto se mantiene en el 4%, como hasta la fecha.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado que el IVA que se seguirá aplicando a los libros de texto, como al resto de los libros, es el superreducido, es decir, el del 4 %. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y a preguntas de los periodistas, ha subrayado que tanto libros de texto como álbumes, libros de dibujo, mapas o planos siguen en el 4 % a pesar de la subida que entra en vigor el 1 de septiembre.

Lo que sube “siguiendo puntualmente las directrices de la Comisión Europea (CE)” -ha destacado- es el material “difícilmente clasificable como escolar” como serían los cuadernos, cuya presente calificación como superreducido ha provocado un apercibimiento de Bruselas, ha explicado, informa EFE.

A partir de septiembre el tipo general pasará del 18 al 21 % y el reducido del 8 al 10 %, en tanto que el superreducido, que grava con un 4 % productos como los alimentos básicos, no se tocará para no causar un especial perjuicio en el ámbito social.

[Via LibertadDigital]

Jun

23

La odisea de alquilar piso en Madrid

Complicado. Buscar piso en Madrid es como poco una tarea peliaguda. Precios inflados, exigencias desorbitadas, descoordinación de las inmobiliarias, una oferta excesiva y una cautelosa demanda. Eso sin contar los factores personales como la falta de tiempo, la situación laboral precaria y un presupuesto que cada día se reduce más.

¿Qué puede suceder cuando se busca una vivienda decente por 600 euros o menos en el área del centro de Madrid, dentro del radio de la M-30?

Hay ofertas con juegos de palabras, que prometen condiciones que no son reales o que omiten los detalles importantes. Como un piso de 50 metros, dos habitaciones, baño y cocina, semiamueblado, por 500 euros en Puerta del Ángel.

Lo que no decía el anuncio era que no tenía calefacción, y sí poca iluminación, el baño estaba al lado de la cocina y en la segunda habitación, además de no tener armario, solo cabía a duras penas una cama de 90 centímetros. Ni siquiera admitía una mesita de noche y semiamueblado se refería a dos sillas, una mesa y los artículos de la cocina. Los requisitos: una copia del contrato de trabajo de al menos un año (especialmente si eres extranjero), nómina de los últimos tres meses, y un aval de 3.000 euros).

Complicado. Buscar piso en Madrid es como poco una tarea peliaguda. Precios inflados, exigencias desorbitadas, descoordinación de las inmobiliarias, una oferta excesiva y una cautelosa demanda. Eso sin contar los factores personales como la falta de tiempo, la situación laboral precaria y un presupuesto que cada día se reduce más.

¿Qué puede suceder cuando se busca una vivienda decente por 600 euros o menos en el área del centro de Madrid, dentro del radio de la M-30?

Hay ofertas con juegos de palabras, que prometen condiciones que no son reales o que omiten los detalles importantes. Como un piso de 50 metros, dos habitaciones, baño y cocina, semiamueblado, por 500 euros en Puerta del Ángel.

Lo que no decía el anuncio era que no tenía calefacción, y sí poca iluminación, el baño estaba al lado de la cocina y en la segunda habitación, además de no tener armario, solo cabía a duras penas una cama de 90 centímetros. Ni siquiera admitía una mesita de noche y semiamueblado se refería a dos sillas, una mesa y los artículos de la cocina. Los requisitos: una copia del contrato de trabajo de al menos un año (especialmente si eres extranjero), nómina de los últimos tres meses, y un aval de 3.000 euros).

[Via LibertadDigital]

Jun

22

La vivienda pasa a ser un derecho subjetivo y exigible ante los tribunales

Se trata del primer borrador que ha sido enviado a las comunidades autónomas para una primera valoración.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado un borrador del proyecto de Real Decreto, por el que se regulan los requisitos del asegurado del Sistemas Nacional de Salud (SNS), donde se fija en cien mil euros de renta el límite para obtener asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, para aquellos que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social.

Fuentes de Sanidad han explicado a Europa Press que se trata del primer borrador que ha sido enviado a las comunidades autónomas para una primera valoración, con lo que, recuerda, “aún puede cambiar mucho”. Asimismo, han querido puntualizar que, “mediante convenios especiales”, se pretende que nadie se quede sin tarjeta sanitaria y sin asistencia sanitaria pública.

Así, el proyecto excluye, además de a los ’sin papeles’, a aquellos que superen los 100.000 euros, para lo que se tendrá en cuenta la totalidad de los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales sujetos a gravamen.

En el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con liquidación tributaria en España, que no hayan tributado a la Seguridad Social se tendrá en cuenta el importe consignado en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dentro del proyecto se observa que la prestación de asistencia sanitaria derivada de la suscripción de un convenio especial, dará opción a la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.

Aunque tiene limitaciones, ya que las personas para su obtención deberán estar inscritas en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual por un período continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la suscripción del convenio especial. Y no tener acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.

“Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se regulará el contenido de los citados convenios especiales y, en particular, su vigencia temporal, cuota o contraprestación a satisfacer y servicios incluidos en los mismos”, añade el texto.

El objetivo de ésta y otras medidas incluidas en el proyecto es completar el marco normativo vigente y establecer un régimen jurídico “más adecuado” que permita definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria pública a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, “y regular un mecanismo de reconocimiento de dicha condición que resulte de aplicación tanto a los españoles como a los ciudadanos de otras nacionalidades”.

“Es necesario no sólo mantener sino también reforzar la sostenibilidad del modelo sanitario”, afirma, de modo que puede “protegerse” frente a las diferentes amenazas que pudieran quebrantarlo.

Asistencia segura
“Todos los españoles, así como los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria”, señala en su enunciado el proyecto.

Las personas que ostentan la condición de aseguradas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

El resto de condiciones para disponer de la asistencia son tener la nacionalidad española y residir en territorio español; ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y residir legalmente en territorio español; y ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientras ésta se mantenga vigente. Asimismo, también recibirán asistencia aquellos que tienen la condición de beneficiarias de un asegurado.

A los efectos de este real decreto, las personas mayores de 26 años que, con anterioridad al día 1 de septiembre de 2012, tengan la condición de beneficiario de una persona asegurada, y, por tanto, disfruten de tarjeta sanitaria individual, están obligadas a presentar la solicitud de reconocimiento de la condición de asegurado.

Por otra parte, los nacionales de países vinculados con España por los reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social o por convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria, tendrán acceso a la misma siempre que residan en territorio español o durante sus desplazamientos temporales a España, en la forma, extensión y condiciones establecidos en las disposiciones comunitarias o bilaterales indicadas.

[Via LibertadDigital]

Abr

17

Los fontaneros y albañiles tendrán que emitir facturas de IVA

Establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que tengan un volumen de negocio de más de 50.000 euros.

Las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, al tiempo que se reforzarán las acciones cautelares de la Agencia Tributaria, incluidos embargos, para evitar que los presuntos evasores se declaren insolventes o alcen sus bienes.

Así figura en el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, y tras el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que se trata de ganar equidad tributaria e incrementar la recaudación, aunque ha evitado un cálculo sobre los posibles ingresos.

Cristóbal Montoro, ha explicado que los objetivos del anteproyecto de lucha contra el fraude, aprobado por el Consejo de Ministros, son “ganar equidad tributaria y aumentar la recaudación”, si bien no ha querido dar cifras concretas de cuánto se podría ingresar gracias a esta normativa.

Montoro ha destacado que el plan está en consonancia con la situación actual y ha argumentado que no hay sistema justo si existe economía sumergida y dinero negro. “Estas normas nos permitirán luchar contra el fraude y harán más eficaz las otras medidas tributarias que hemos adoptado, entre ellas la regularización de activos ocultos (amnistía fiscal)”, ha añadido.

Por otro lado, se establece la exclusión del régimen de módulos a aquellos empresarios o profesionales que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior sea superior a 50.000 euros. Se excluyen por lo tanto del régimen de módulos o estimación objetiva las actividades con una retención del 1 %, como carpintería, confección, albañilería, cerrajería, fontanería o pintura.

Los administradores de sociedades que presenten reiteradamente declaraciones por retenciones o tributos repercutidos sin ingresar la deuda tributaria, serán responsables subsidiarios de su pago cuando se acredite que no existe intención de pagar.

El plan establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada a la transmisión de terrenos rústicos y segundas y posteriores ventas de edificaciones. De esta manera, el comprador sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido.

[Via libertadDigital]

Mar

22

El ICO prestará 22.000 millones a pymes y autónomos

El ICO aumentará sus líneas de financiación a pymes y emprendedores hasta los 22.000 millones de euros, un 16% más.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliará este año cinco de sus líneas de crédito para destinar 22.000 millones para la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos que pongan en marcha “proyectos rentables”.

Este incremento supone un 16% más respecto a la dotación de 19.000 millones de euros prevista en 2011 y un aumento de casi el 40% si se toma como referencia la utilización de estas líneas durante el pasado año.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que esta medida afectará a las líneas ICO-Inversión, ICO-Internacionalización, ICO-Liquidez, ICO-Emprendedores e ICO-Rehabilitación.

Concretamente, la línea ICO-Inversión estará dotada con 9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria y cubrirá, como novedad, la financiación de circulante, con un límite del 10% del importe de financiación total, informa Europa Press.

La línea ICO-Internacionalización se duplicará desde los 1.000 millones a los 2.000 millones de euros, para facilitar la salida al exterior de las pymes. Así, se incluye un tramo de financiación adicional, sin bonificación, de 1.000 millones de euros y la posibilidad de financiar circulante hasta un 20% del total de la financiación.

Además, la línea ICO-Liquidez incrementará su dotación de 6.000 millones a 8.000 millones de euros, para aliviar las tensiones de tesorería de las empresas, y la línea ICO-Emprendedores -que sustituye a la línea ICO-Desarrollo Empresarial- pasará de 750 millones a 2.000 millones de euros y podrán acceder a ellas autónomos, profesionales o empresas que hayan iniciado su actividad cinco años antes de la concesión del crédito.

En cuanto a la línea ICO-Vivienda, que promueve la rehabilitación de viviendas y edificios, tendrá una dotación de 1.000 millones de euros. Como novedad, se permitirá la financiación de reformas de elementos comunes y se elimina el llamado tramo ’stock de vivienda’, que facilitaba financiación a promotores de vivienda con la condición de que los inmuebles se pusieran en alquiler.

Incentivo para que la banca participe
Por otro lado, el Gobierno asegura que “se pretende una bajada del coste para el cliente final como consecuencia de la mejora esperada en el coste de financiación del ICO”.

Asimismo, se incrementa “ligeramente” el margen de las entidades financieras con objeto de incentivar la comercialización de las líneas ICO, margen que será “la compensación que perciben las entidades por asumir riesgos en las operaciones”.

Desde el Gobierno se asegura que este incremento en las dotaciones de las líneas “no tiene impacto presupuestario”, puesto que el ICO capta su financiación en los mercados de capitales.

El ICO aporta el 9% de todo el crédito del sistema y el 15% si se contabilizan sólo los préstamos en plazos superiores a cinco años, con lo que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, “es una herramienta que hay que gestionar con responsabilidad”.

[Via LibertadDigital]

Mar

21

Los políticos cargan a cada contribuyente con 24.000 euros durante la crisis

La deuda pública total sube hasta los 735.000 millones en 2011 (68,5% del PIB), el doble que en 2007.

La crisis económica no sólo ha pasado factura a los españoles en forma de desempleo, morosidad, impagos, cierre de empresas, ahogo financiero e incertidumbre generalizada. La crisis fiscal de las cuentas públicas se traduce también en una factura extra, poco visible pero real, que acaba traduciéndose tarde o temprano en más impuestos y/o inflación, deteriorando aún más el bolsillo del sufrido contribuyente.

La actual crisis da buena cuenta de ello. Los abultados déficits en los que han incurrido todas las administraciones públicas desde el estallido de la crisis inmobiliaria y financiera se han materializado en un aumento histórico de la deuda pública española. El conjunto del sector público acumula una deuda de 735.000 millones de euros a cierre del ejercicio 2011, un aumento del 14,2% respecto a 2010, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Esta cifra equivale al 68,5% del PIB nacional, medido según el Protocolo de Déficit Excesivo (la metodología que emplea la UE).

Se trata del mayor nivel de deuda desde 1990, el período que analiza el Banco de España en su informe. De hecho, si se amplía el tramo temporal de referencia, se observa que la deuda actual -medida en términos de PIB- se sitúa en máximos históricos desde la década de los 40, en plena posguerra civil y autarquía económica.
En concreto, la deuda pública de España casi se ha duplicado durante la crisis, al aumentar un 92% desde 2007, cuando se situaba en 383.000 millones (36,3% del PIB). De este modo, Gobierno central, CCAA y ayuntamientos han disparado su deuda en cerca de 353.000 millones de euros en los últimos cinco años.

Esta cifra supone una factura extra de 7.510 euros por cada persona -hombre, mujer y niño- que reside en el país (algo más de 47 millones de habitantes); 20.640 euros adicionales por hogar; casi 20.000 euros por trabajador -tomando como referencia el volumen de ocupados a cierre de 2011-; y, ni más ni menos, que 24.000 euros por cada empleado del sector privado, los contribuyentes netos de la Hacienda nacional, tras descontar los más de 3 millones de empleados públicos, cuyo sueldo depende de los presupuestos.
La deuda autonómica crece un 130%

Por administraciones, la deuda pública del Estado se sitúa ya en 560.000 millones de euros (52,1% del PIB), lo cual supone una subida del 14,5% interanual y un 91,6% más respecto a 2007, cuando ésta ascendía a 292.000 millones (27,7% del PIB).

Sin embargo, el mayor aumento relativo se produce en la administración autonómica. La deuda de las CCAA supera los 140.000 millones de euros en 2011 (13,1% del PIB), un 17,2% más respecto a 2010. La deuda regional se ha disparado casi un 130% desde 2007, año en el que alcanzó los 61.000 millones (5,8% del PIB). La deuda autonómica vuelve a registrar en 2011 la cifra más alta de toda la serie histórica. Los datos muestran que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

Por último, en el caso de los ayuntamientos, la deuda subió hasta los 35.500 millones en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Aunque el endeudamiento local es el único que desciende respecto a 2010 -apenas un 0,03%-, su volumen aumenta un 20,5% si se compra con los niveles de 2007, cuando ascendía a 29.300 millones (2,8% del PIB).

[Via LibertadDigital]

Sep

29

¿Qué pasaría con la hipoteca si un país sale del euro?

La quiebra griega ha puesto sobre el tapete la posibilidad de que un socio abandonde el euro. Dado el caso, ¿qué pasaría con la hipoteca?

Son muchos los que se plentean qué pasaría con el Euribor (tipo de interés de referencia en la mayoría de hipotecas) y con el propio crédito contraído en caso de pertencer a un país que acabe abandonando la moneda única, regresando así a la antigua moneda nacional (dracma, peseta, escudo…).

1. ¿Se dejarán las hipotecas en euros o se pasarán a pesetas?
Si se dejaran las hipotecas en euros, observaríamos un desfase entre la moneda en la que percibimos nuestros ingresos (pesetas) y la que “controla” nuestra cuota mensual hipotecaria (euros). Dicho de otro modo, pasaríamos a tener una hipoteca en divisas, similar a las que actualmente se comercializan en francos suizos o yenes japoneses. Esto supondría un riesgo tremendo, pues lo lógico es que si pasáramos a la peseta, de inmediato vendría una devaluación de la misma, lo que significaría que de golpe nuestra deuda (calculada en pesetas) subiría muchísimo.

Sin embargo, dado que el valor de los inmuebles también pasaría a estar denominado en pesetas (como cualquier activo español), dudamos mucho de que esta posibilidad se materializara, o dicho de otro modo, lo normal sería que nuestras hipotecas pasaran a denominarse en pesetas, para alinear ingresos y gastos. Aquí quien perdería serían todos los fondos e inversores que compraron las titulizaciones de los bancos y cajas españoles, que de repente se encontrarían con una deuda española que en su moneda (euros o dólares) valdría mucho menos al pasarse a pesetas.

2. ¿Seguiríamos con el Euribor como índice de referencia?
El 98% de las hipotecas españolas son a tipo variable, la gran mayoría referenciadas al euribor. En el escenario de un cambio a pesetas, lo lógico sería que el índice de referencia cambie, pues volveríamos a una política monetaria independiente.

En ese escenario, es probable que las autoridades españolas se vieran obligadas a subir los tipos para controlar la inflación, lo que implicaría un incremento de tipos de interés importante afectando a nuestra cuota mensual de la hipoteca. Nuestras finanzas personales también se verían afectadas, ya que todos los productos importados subirían de precio al ser comprados con la neo-peseta, que habría sufrido una devaluación casi inmediata en los mercados.

En el gráfico siguiente mostramos la evolución del Mibor, Euribor e inflación (IPC) de los últimos 30 años. El Euribor entró en vigor en enero de 1999, sustituyendo al Mibor como índice de referencia a nivel nacional. Es interesante ver cómo el diferencial entre índice de referencia (Euribor) e IPC anual ha sido negativo durante gran parte de la primera década de este siglo, algo improbable en el caso de tener un índice de referencia nacional (como se infiere por la serie histórica del Mibor).

3. ¿Y si tenemos una hipoteca en divisas?
Si actualmente tenemos una hipoteca en divisas, la situación sería más clara: la nueva peseta se devaluaría de inmediato respecto a dichas divisas (franco suizo o yen japonés), por lo que casi con toda seguridad se pasaría a tener una deuda muy superior a la actual, calculada en neo-pesetas.

Esto sería otro duro golpe a los hipotecados en divisas que conserven su crédito en otra divisa, ya que verían sus pérdidas virtuales actuales aumentadas. Y es que el euro acumula en los últimos años una caída de alrededor del 30% frente al yen japonés y al franco suizo, por lo que otro golpe elevaría las deudas y cuotas de dichos hipotecas. Son los que más tendrían que perder. A priori, ante dicho escenario lo lógico sería cambiar antes la hipoteca a euros para no sufrir una devaluación posterior casi segura.

Consecuencias

Los analistas de idealista.com concluyen que “somos conscientes de que lo aquí expuesto es un ejercicio teórico simple de la situación y posibilidades”. Sin embargo, aclaran que “hay que ser conscientes de que la incertidumbre sobre el devenir del euro puede afectar no sólo a las monedas y billetes que llevamos en nuestro bolsillo, sino también a nuestras cuota”.

Por ello, “si llegase el momento de que esta hipótesis toma cuerpo, igual te interesa cambiar tu hipoteca a tipo fijo”. En este sentido, busque un servicio de asesoramiento para buscar y cambiar de hipoteca o mejorar la actual.

[Via LibertadDigital]

Sep

19

Castigo a los ahorradores por una décima de déficit

Al final, el número de contribuyentes afectados no ascenderá ni a 90.000, como aseguró este miércoles José Blanco, ni a 200.000 o 300.000, como puntualizó en esa misma jornada Alfredo Pérez Rubalcaba. Un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley de Patrimonio, Salgado anunció que serán 160.000 personas las que deberán pagar este impuesto, al situarse el mínimo exento en 700.000 euros, cifra a caballo entre los 600.000 defendidos por el candidato del PSOE a las generales y el millón de euros anunciado por el portavoz del Gobierno. Además, el mínimo exento de la vivienda habitual pasa a 300.000 euros.

El tributo se recupera de manera temporal para los ejercicios 2011 y 2012. La vicepresidenta consideró este plazo razonable para que el nuevo Gobierno, que espera sea socialista, defina su política fiscal y, en caso de que Rubalcaba sea presidente del Ejecutivo, su tributo para ricos. De paso, el carácter temporal de Patrimonio ha contribuido a que Salgado supere las reticencias expresadas por el presidente del Ejecutivo sobre la reactivación de un impuesto ineficaz recaudatoriamente por la negativa de las autonomías, competentes en su gestión, a aplicarlo.

Según los cálculos de Economía, las autonomías recaudarán cada año por el tributo 1.080 millones, si, al final, deciden desarrollarlo y no ejercitar su capacidad normativa a bonificarlo el cien por cien. Según Salgado, estos fondos extras ayudarán a los gobiernos regionales en 2012 y 2013, fechas en las que se cumplimentarán, respectivamente, las campañas de Patrimonio de 2011 y 2012, a controlar y reducir sus déficits. Precisamente, en estos ejercicios las Administraciones Públicas deberán dar un último empujón para colocar a final de 2013 el déficit público en el 3% del PIB. Sin embargo, en el caso de que todas las comunidades decidan aplicar este tributo habrán enjugado el déficit público cada año tan sólo una décima del PIB.

Salgado dio ayer marcha atrás por impedimientos legales en su decisión inicial de «castigar» a las autonomías que se rebelaran en contra del tributo, descontándole su parte correspondiente de los 2.000 millones de euros que se incorporaron en 2008 al sistema de financiación para compesar la supresión de Patrimonio.

Al candidato no le salen las cuentas…
Desde que se hizo oficial que Alfredo Pérez Rubalcaba sería el elegido para representar al PSOE en las elecciones del 20-N, el candidato se ha mostrado como un gran defensor de la recuperación del Impuesto de Patrimonio. Su entusiasmo era tal con esta medida que aseguró que 200.000 personas lo pagarían, muy lejos de la cifra de 160.000 que se ha conocido oficialmente. Estos datos repercuten también en lo que se ingresará con el impuesto, que se ha reducido a 1.080 millones de euros anuales, muy lejos de lo prometido por Rubalcaba en un principio, que barajaba la posibilidad de ingresar unos 1.400 millones de euros en las arcas del Estado.

… Y los diputados revisan las suyas
Con la llegada del Impuesto sobre el Patrimonio comienzan las dudas sobre si los diputados tendrán que pagarlo o no, después de que se hicieran públicos los bienes de sus señorías. Por ejemplo, el portavoz de CIU, Josep Antoni Duran Lleida, alegó que no lo pagará ya que sus bienes son «más del banco que míos». Por su parte la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que si ven sus cuentas «verán que no» tiene que pagar el impuesto. Sí lo tendrán que hacer diputados como Rubalcaba o Bono que superan la cifra de los 700.000 euros.

LA DEFENSA DEL MILLÓN
La vicepresidenta primera fue ayer consciente de que con su anuncio dejaba en mal lugar al portavoz del Gobierno. Por eso, al explicar el mínimo exento de Patrimonio sumó, aunque no se puede, los 700.000 euros exentos a los 300.000 exentos por vivienda habitual. El resultado de la operación no es otro que el millón de euros que Blanco aseguró un día antes sería el mínimo exento. La anécdota la protagonizó al explicar, a mano, los pormenores del decreto.

[Via LibertadDigital]

Sep

18

Los bancos compran hipotecas morosas con un descuento del 80%

El riesgo de estas operaciones es actualmente grande, por lo que los compradores de dichas carteras piden jugosos descuentos.

La banca española ya no quiere mantener hipotecas con alta probabilidad de riesgo. Por eso prefieren deshacerse de ellas cuanto antes, aunque tengan que hacerlo a un precio irrisorio, con descuentos del 80% o más.

Entre sus clientes llama la atención que se encuentren otros grandes bancos. Según informa idealista news, se está desarrollando en estos últimos meses una nueva práctica comercial por la que los bancos son los que compran a través de sociedades del grupo grandes carteras de hipotecas con problemas (morosas) a otros bancos.

En ocasiones, incluso negocian con el dueño de la vivienda el pago de la hipoteca, mientras que otras muchas veces las ejecutan, quedándose con la vivienda que posteriormente se pondrá a la venta a un precio superior al que la han comprado. De esta forma, se anotan una plusvalía aunque vendan con un descuento del 50% sobre el precio inicial.

Un ejemplo
Una vivienda que se compró por 200.000 euros en 2007 con una hipoteca al 100%, de la que actualmente aún resta por pagar 180.000 euros. El propietario no puede pagar la hipoteca y está provocando al banco “A” varios problemas (morosidad, provisiones, gastos de recobro, etc), y hay un riesgo de más problemas a futuro (ejecución, desalojo, tiempo invertido, gestión de la venta futura, etc). El banco decide cortar el problema de raíz y vender dicha hipoteca a otro banco.

Como la situación actual es mala (riesgo, desempleo, caída de precios inmobiliarios…), para encontrar un comprador tiene que transferir dicha hipoteca con un jugoso descuento. Aquí es donde aparece un banco “B” que la compra por 50.000 euros a través de una sociedad especializada en el recobro y/o posterior venta del inmueble. El banco “A” se quita todos los problemas de encima de un plumazo. La hipoteca deja de figurar como morosa, recupera provisiones y además genera 50.000 euros de liquidez adicional inmediata. Es cierto que por el camino han perdido dinero, pero históricamente siempre ha habido entidades que llegado un momento de impago han decidido tomar ese camino y quitarse el problema de encima.

Por su parte, la sociedad del banco “B” desembolsa ese dinero y sigue el camino de la negociación o la ejecución con posterior alquiler o desalojo porque ya tiene una estructura para ello. Además de la compra tendrá que afrontar varios costes, aunque los tiene controlados porque tiene una estructura afinada para todos estos procesos y una plataforma para vender viviendas.

El portal idealista.com anuncia miles de pisos a le venta en propiedad de bancos y cajas.

[Via LibertadDigital]