Diario Sur

Ganar menos de 32.500 euros, requisito básico para optar a una VPO de alquiler

El IMV aprueba el martes las bases para las próximas ofertas de 462 viviendas en Soliva y Capuchinos.

El Ayuntamiento va a dar un amplio margen para poder optar a una de las 462 viviendas de protección oficial en alquiler que ofertará en dos convocatorias: una a finales de este año y otra a principios de 2009. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) aprobará el próximo martes los requisitos para aspirar a estos pisos, que se construirán en Soliva y en dos promociones en el barrio de Capuchinos (San Félix de Cantalicio y Rosal Carmesí), como ya adelantó este periódico (SUR 16/10/2008).

Las condiciones básicas son no tener una vivienda en propiedad y estar empadronado en Málaga desde hace un año como mínimo. En cuanto a los ingresos anuales, no se puede superar 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que son 32.562 euros. Si se divide esta cantidad entre doce meses, se obtiene un salario mensual de 2.713 euros, por lo que el tope resulta bastante amplio. Además, en función del número de hijos, el margen puede resultar aún mayor. Así, si se trata de una pareja o matrimonio, los ingresos de la familia se multiplican por 0,9 antes de compararlos con el tope de 32.562 euros. Si la unidad familiar está formada por tres o cuatro miembros, los ingresos se multiplican por 0,85 y si son cinco o más miembros, por 0,8.

Asimismo, la renta se puede multiplicar por 0,9 en el caso de personas con alguna discapacidad.

Opción a compraTodas las viviendas que ofertará el IMV en sus dos próximas convocatorias serán de alquiler con una cuota mensual que puede oscilar entre 300 y 250 euros. Además, la mitad de las casas de cada bloque tendrán la opción a compra a los diez años. En ese caso, el 50% del alquiler abonado hasta entonces se descuenta del precio.

Las últimas ofertas de pisos de VPO en alquiler realizadas por promotoras privadas en Málaga han recabado más de 2.500 solicitudes, por lo que es de esperar que sean miles los ciudadanos que se interesen por estas convocatorias municipales. Por ello, las casas se adjudicarán por sorteo.

La huelga del transporte amenaza 40.000 empleos de la construcción en la provincia

El 80% del sector está ya paralizado por la falta de materias primas, en especial áridos y cemento. Los pescadores vuelven a faenar y la mayoría de las gasolineras retoman su actividad con normalidad.

Como si la falta de alimentos frescos, la escasez de petróleo y el paro obligado en las industrias, la agricultora y la ganadería fueran poco, la situación también se está poniendo especialmente difícil en el sector de la construcción, donde 40.000 obreros están amenazados con el despido temporal a partir del próximo lunes si no acaba el paro del transporte.

Juan Moreno, secretario general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), explica que el 80% de los tajos de la provincia están ya parados o a punto. La causa principal es el desabastecimiento de materiales como los áridos y el cemento, así como de transporte para la extracción de la tierra en los movimientos de terrenos. Por lo que vaticina que el lunes la práctica totalidad de los tajos quedará bloqueado. Cabe recordar que los transportistas autónomos -los que mantienen la convocatoria de huelga- tienen una especial presencia en el sector de la construcción.

El responsable de los constructores explica que en estos casos existe una fórmula legal, recogida en el convenio, que les permite dar la obra por concluida por causas ajenas a la propia promoción y rescindir los contratos a los trabajadores, con el compromiso de readmisión cuando desaparezca el bloqueo. «A partir del lunes se producirá un goteo de despidos, porque ya hay empresarios que lo han comunicado». Esta medida podría afectar a casi la mitad de los obreros que están actualmente en activo en la provincia, que son 85.000 personas, según ACP. El informe de viviendas visadas de 2007 pone de relieve que actualmente están en ejecución unas 30.000 casas.

Obras públicas
A las promociones privadas hay que añadir la obra civil, que se ha convertido en un yacimiento de empleo clave en la provincia. Los trabajos de excavación del metro de la capital están prácticamente parados, según su director, Enrique Urkijo, y sólo se realizan tareas de ferralla y de limpieza. Lo mismo ocurre en los proyectos de las nuevas carreteras, como la segunda ronda o la remodelación de accesos a Málaga, mientras que la ampliación del aeropuerto sigue en activo gracias al acopio de materiales que llevó a cabo antes de comenzar las movilizaciones.

Frente a este negro panorama, la Asociación Comarcal de Empresarios de Transportes y Maquinaria Auxiliar de Obras Públicas ofrece un resquicio de esperanza. El colectivo, que cuenta con un centenar de empresas asociadas, la mayoría de la Costa del Sol, estudia suspender el paro y volver al tajo, y esgrime para ello sus discrepancias con los sucesos e incidentes de los dos últimos días, informa a Efe su secretario general, Juan Jesús Sánchez, quien aboga por seguir negociando en los próximos días.

Vuelta a faenar
La decisión de los pescadores malagueños de hacerse de nuevo a la mar supuso un soplo de aire para el otro gran sector económico de la provincia, la hostelería, y para los propios consumidores. Ayer por la mañana recuperó la actividad la flota de artes menores, mientras que por la tarde lo hizo la de cerco, comenta Francisco Pastor, presidente de las Cofradías de Pescadores.

Pastor se muestra insatisfecho con las mejoras alcanzadas, que resume en una rebaja del canon que cobran las lonjas por las capturas, por lo que seguirán negociando una rebaja del precio del gasóleo, su verdadero caballo de batalla.

La mayoría de las gasolineras fueron recobrando a lo largo del día de ayer la normalidad, salvo en la comarca del Guadalhorce y en puntos de Marbella, donde persistían los problemas para el abastecimiento de gasóleo a la población.

Condenan al gerente de una promotora por quedarse con dinero de 58 compradores de pisos

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año y seis meses de prisión al director gerente y consejero delegado de una promotora por apropiarse de parte del dinero dado por 58 compradores de pisos que no se llegaron a terminar de construir. Además, deberá indemnizar a los afectados que no tenían garantizadas las entregas a cuenta, en la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia.
La resolución dictada por la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera probado que el Ayuntamiento de Torremolinos concedió licencia para 150 viviendas solicitada por la empresa del procesado, aunque la condicionó al pago del importe de ésta, que no se realizó por problemas de liquidez. No obstante, se concedió licencia de obra menor para limpieza y desbroces.A partir de 1990, el procesado, que mostró su conformidad con los hechos de los que se le acusaba, inició la venta de las viviendas sobre plano y hasta mayo de 1991 se vendieron por lo menos 58 pisos, cuyos compradores fueron entregando diversas cantidades en efectivo o en letras de cambio. Las obras fueron paralizadas en diciembre de dicho año por no tener la licencia correspondiente.
La Sala estima probado que el procesado no destinó todas las cantidades anticipadas a la edificación de las viviendas sino que parte “lo dedicó a usos propios y distintos, no ingresándolo en su integridad en la cuenta corriente abierta”. Además, no formalizó las pólizas individuales para garantizar la devolución de las cantidades de 12 compradores.
Asimismo, el Tribunal determina que 32 compradores sí tenían asegurado el reintegro de las cantidades anticipadas, aunque la aseguradora “se ha negado a hacer frente a sus responsabilidades” pese a que ha sido reclamado por los afectados. Según la sentencia, fueron entregados por los compradores unos 103.000 euros en efectivo, así como 408.000 en letras de cambio pagadas a su vencimiento.
Además, se apunta que otros 103.000 euros estaban representados en letras de cambio impagadas en poder de la empresa, 313.765 en letras de cambio impagadas en poder de bancos y 25.000 euros en letras en poder de la promotora aún sin negociar. Se le condena por un delito continuado de apropiación indebida a la pena de prisión y a multa de 1.080 euros.

Inmobiliarias y constructoras podrán reducir al mínimo su factura fiscal para compensar las pérdidas

El plan de reactivación de la economía que aprobará hoy el Gobierno también incluye la rebaja de cuatrocientos euros en el IRPF .

El Gobierno ha decidido permitir a las empresas, sobre todo a inmobiliarias y constructoras, reducir al mínimo su factura fiscal a la vista del mal comienzo de año para bastantes. Así, dentro del plan de reactivación de la economía que el
Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, introducirá los cambios necesarios en el impuesto de sociedades.
A su vez, implementará la rebaja fiscal de 400 euros prometida vía tributación por renta (IRPF) -si bien a los contribuyentes con ingresos más bajos también se les retornará menos dinero-, facilitará líneas de financiación a las compañías con más dificultades y fomentará la recolocación de los nuevos parados (la mayoría, del sector del ladrillo), a quienes dará una atención especial.
La letra pequeña de este paquete de medidas revela un detalle no valorado hasta el momento pero muy importante para las empresas. Ya se sabía que su pago fraccionado en sociedades o IRPF se iba a aplazar varias semanas más (la nueva fecha es el 5 de mayo), pero lo que no había transcendido es que también se había prolongado el período para elegir el régimen por el que se tributa, es decir, si se toma como base la cuota liquida del último ejercicio fiscal cerrado (en este caso 2006, pues la campaña de 2007 apenas ha dado sus primeros pasos) o bien se hacen los cálculos conforme a la base imponible del último trimestre vencido.
El resultado práctico de estos cambios, según fuentes del fisco, es que una empresa que haya tenido malos resultados en el comienzo de año -donde el número de insolvencias declaradas en el sector inmobiliario se disparó casi un 150%- puede reducir ahora casi a cero su factura fiscal en contraste con las importancias ganancias que tuvo hace dos años.

Proceso concursal
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha tomado esta decisión a la vista de que, para una parte considerable de las sociedades vinculadas al ladrillo, el primer pago trimestral al fisco les obligaría a acogerse a un proceso concursal por sus deudas acumuladas, en el que Hacienda sería un acreedor privilegiado pero habría muchos damnificados, empezando por los propios trabajadores.
Por otra parte, el Ministerio de Vivienda presentará hoy la estadística oficial de precios del primer trimestre que, por primera vez en diez años, arrojará un incremento interanual inferior a la inflación. Las casas se encarecen ya por debajo del IPC o, lo que es lo mismo, se abaratan en términos reales. En marzo, el IPC se apuntó un alza interanual del 4,5%. Ritmo que no superará el mercado inmobiliario libre.