El Banco de España no se considera responsable de la orgía de crédito que alimentó la burbuja inmobiliaria cuyo estallido ha sido el principal causante de la grave crisis económica que sufre nuestro país. El último boletín económico publicado el viernes, además de confirmar que España sigue en recesión, contiene un estudio que compara los ciclos inmobiliarios en España, EEUU y Reino Unido, que echa la culpa del boom a factores económicos, demográficos y financieros, pero entre los que no hay ninguno achacable al propio supervisor. De hecho asegura que “en España, la regulación existente fomentó que las entidades financieras fueran más cautelosas en la política de concesión de créditos”.

El conjunto del sector financiero reconoce que el Banco de España ha sido mucho más estricto que la mayoría de los supervisores bancarios del mundo, con exigencias como la conocida provisión genérica o anticíclica (que exigía dotar un pequeño porcentaje de cada nuevo crédito con el fin de crear un colchón para cuando llegaran los malos tiempos). Sin embargo, numerosos analistas consideran que el supervisor no hizo lo suficiente para frenar el explosivo crecimiento del crédito promotor e hipotecario en los años de la burbuja, un crecimiento superior al 20% anual que alimentó la escalada de los precios de la vivienda.

Sin embargo, el estudio, firmado por José Manuel Marqués, Luis Ángel Maza y Margarita Rubio, sí critica la permisividad de los supervisores anglosajones (en especial el de EEUU) al permitir que las titulizaciones de créditos sacaran a estos del balance de las entidades, con lo que su crecimiento no fue acompañado por un aumento simétrico del capital de los bancos, o al tolerar que tres cuartas partes de las hipotecas fueran concedidas por brokers que no tenían requisitos de capital ni estaban supervisados como entidades financieras.

Es cierto que en España el proceso masivo de titulizaciones y de emisión de cédulas hipotecarias no sacaba del balance estos créditos (al menos no en su totalidad), y que sirvió principalmente para que bancos y cajas obtuvieran liquidez. Además, tampoco pudieron comprar estas titulizaciones emitidas en otros países, de ahí que no tengan activos tóxicos en balance como los bancos norteamericanos, británicos o alemanes.

Pero esa liquidez barata fue utilizada por las entidades para conceder alegremente crédito a unos tipos ridículos para adquirir activos muy sobrevalorados. Además, el apalancamiento excesivo es uno de los grandes problemas de la banca, puesto que apenas se ha reducido con la crisis y exige hacer frente a ingentes vencimientos de deuda. Es más, el hecho de mantener los créditos en balance ha causado la principal amenaza que se cierne por el sector: los famosos 325.000 millones de crédito promotor que tienen en sus libros y que serán irrecuperables en un alto porcentaje, lo que puede hacer entrar en pérdidas a bastantes entidades.

Y el Banco de España podía haber tomado medidas adicionales para que las cosas no llegaran tan lejos. Algunos expertos sugieren que se podía haber adoptado un coeficiente de crédito que ligase obligatoriamente la evolución de los préstamos de la banca con la de los depósitos, tanto en los ciclos alcistas como en los bajistas. Eso habría servido para evitar las conductas irresponsables en la fase expansiva y ahora serviría también para solucionar la fuerte restricción de crédito que sufre nuestra economía.

La explicación del Banco de España
Lejos de analizar estos problemas, el estudio del Banco de España se centra en los factores por todo el mundo conocidos que contribuyeron a la espiral del ladrillo que ahora se ha venido abajo, tanto los globales como los específicos de nuestro país. Entre los primeros, señala el mantenimiento de unos tipos de interés bajos durante un período muy prolongado, el desarrollo de los mercados de titulización o el aumento de la competencia en el sector financiero. Entre los propios de España, destaca la caída estructural de los intereses por nuestra incorporación al euro, la importancia de la inmigración, la reducción del tamaño medio de los hogares, el crecimiento de la renta disponible o el descenso del paro.

De forma sorprendente, el estudio llega a afirmar que “en el caso del mercado español, los precios de la vivienda ya habían iniciado una fase de corrección” cuando estalló la crisis financiera internacional, ajuste que ésta agravó y que se ha traducido en un intenso deterioro del empleo. No obstante, reconoce que la caída del precio de la vivienda en nuestro país hasta la fecha es muy inferior a la registrada en EEUU y Reino Unido, y que España debe reducir todavía bastante el peso de la inversión residencial en su economía, proceso prácticamente concluido en los otros dos países.

• Más del 70% de los demandantes están empadronados en la ciudad de Barcelona
• 111 municipios se han adherido al fichero central de la Generalitat

Desde el pasado 26 de noviembre, quien desee optar a un piso de protección oficial (VPO) en Catalunya, sea de compra o alquiler, debe estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida. Hasta el momento, se han apuntado cerca de 17.500 personas, la mayoría de las cuales, 12.402 (70,8%), están empadronadas en la ciudad de Barcelona.
Para conocer cuántas familias con escasas posibilidades económicas aspiran a este tipo de viviendas, la Generalitat creó el año pasado un registro central, que permite una radiografía más precisa de las necesidades a lo largo y ancho del territorio. En paralelo, el listado puede ser un instrumento a disposición de las distintas administraciones públicas y de los promotores inmobiliarios privados para planificar sus respectivas inversiones de acuerdo con la demanda potencial.
El Ayuntamiento de Barcelona fue pionero en la creación de un censo de aspirantes a residencias protegidas. Según los últimos datos oficiales del Instituto Municipal de Urbanismo barcelonés, en la actualidad están inscritas 12.402 personas. Tanto estos aspirantes como los de otros municipios catalanes deben reunir una serie de requisitos, entre los que figura la acreditación de unos ingresos económicos bajos, fijados en el plan para el derecho a una vivienda; así como estar empadronado en un municipio catalán; y ser mayor de edad o estar emancipado.
El registro de la Generalitat está compuesto por los registros de los ayuntamientos que lo habían creado con anterioridad (Barcelona, Badalona y Sabadell) y por los otros municipios que se han adherido en los últimos meses al fichero de la Administración autonómica.
Para ceder el uso del programa informático del registro, el conseller de Habitatge, Francesc Baltasar, ha suscrito a lo largo de los tres últimos meses convenios con entes locales y comarcales de toda Catalunya. En estos momentos, un total de 111 ayuntamientos y consejos comarcales utilizan también este registro, que cubre el 61% de la población.

CÓMO APUNTARSE / Una vez haya formalizado su solicitud, el aspirante a una vivienda protegida recibirá un código para acceder al expediente abierto por la Administración. Cuando se desarrolle una nueva promoción de pisos, esta confeccionará una lista con los inscritos a los que puede ir dirigida en función de la ubicación geográfica, el tipo de viviendas que se sortee –para jóvenes, para ancianos, etcétera– y el régimen de adjudicación –alquiler, compra o alquiler con opción de compra–, y lo notificará a los posibles interesados.
Después de que los aspirantes confirmen su interés por la oferta, se realizará un sorteo entre ellos. Para luchar con cierto tipo de picaresca, el reglamento establece que será borrado del registro quien renuncie dos veces consecutivas a un sorteo de pisos protegidos, y además no podrá volver a apuntarse hasta que pasen cinco años.
El año pasado se construyeron en Catalunya 10.696 viviendas protegidas. La cifra apenas supera a la del 2008 en que se acabaron 10.542, pero, como el mercado inmobiliario general prosiguió su desplome, la cuota de mercado de los pisos de protección oficial superó el 85% de viviendas iniciadas. Este año, la Generalitat construirá o calificará como pisos protegidos cerca de 15.000 viviendas.
El plan para la vivienda 2009-2012 aprobado el martes pasado por el Govern prevé una inversión de 1.400 millones de euros. Las previsiones oficiales apuntan que podrán beneficiarse de él unas 616.000 familias catalanas.

“Retrasar la edad de jubilación a los 67 años es lo que indica el sentido común”
La propuesta del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años ha puesto en pie de guerra a las organizaciones sindicales. En este contexto, el ex secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, expresa a elEconomista su opinión sobre la futura reforma.

No sólo ve en la misma una medida encaminada en la buena dirección, sino un cambio en la política económica del Gobierno. Esta propuesta palía el impacto del envejecimiento de la población en el sistema público de pensiones, pero tiene que ir acompañada de muchas otras mejoras, afirma el entrevistado.

¿Qué opina de la propuesta de retrasar la edad de jubilación?

Va en la dirección que indica el sentido común, no por la crisis económica, sino por el envejecimiento de la población, que será un problema dentro de 10 o 15 años si no se empieza a hacer ahora algún tipo de reforma.

Y si finalmente no se llevara a cabo la reforma ahora, ¿daría tiempo a hacerla dentro de cinco años, en el próximo Pacto de Toledo?

Personalmente tengo dudas y creo que la solución sería más traumática: congelación de pensiones y algunas otras soluciones que no gustarán a la gente.

¿No es posible combatir el problema con otra fórmula?

Una población que vive más años va a tener más pensionistas. Es recomendable buscar un juego de incentivos y contraincentivos para que la gente que pueda prolongue su vida laboral.

¿Pero habría que incentivar a quien haya cotizado más años y no sólo a quien llegue a la edad de jubilación?

Se puede incentivar que haya un sistema de reparto mayor y un pequeño segmento que sea capitalización. Cosa que no existe en la actualidad. La gente tiene que tener incentivos para entrar en el mercado de trabajo y las empresas deben recibir a los trabajadores antes de lo que lo hacen ahora. Si la gente está estudiando treinta años y trabaja treinta años, difícilmente puede retirarse otros treinta años. A no ser que las pensiones sean bajas, cosa que nadie quiere.

¿Qué opina sobre alargar la base de cálculo de las pensiones?

Según la vida laboral que tengas saldrás beneficiado o perjudicado. Yo creo que el impacto sobre la expectativa de las pensiones es mínimo y va a haber una tendencia progresiva de ampliar la base de cálculo a toda la vida laboral.

¿Cómo se podrían limitar las prejubilaciones?
Si yo no permito por ley que acudan a la Seguridad Social para gestionar la salida del mercado de los trabajadores y se lo tiene que gestionar la propia empresa, a mí desde el punto de vista de caja de la Seguridad Social me da igual.

¿Sería bueno limitar la salida del mercado en general?

No, siempre habrá profesiones que necesiten coeficiente reductor, las más gravosas y las más penosas.

¿Cree que los inmigrantes han ayudado a mitigar el problema?

Ha sido bueno para la caja, pero han generado derechos y, aunque se vayan a su país, reclamarán su parte de pensión.

¿Influirá en la reforma la oposición de los sindicatos?

Lo que debe haber es una gran información. La gente, que es madura, hará su propio análisis.

Si la propuesta no tiene el consenso de los agentes sociales, ¿el Gobierno debería afrontar la reforma igualmente?

El Gobierno ha hecho una propuesta motivada. Si luego alguien le convence de que esos motivos no son ciertos, pues que propongan soluciones alternativas a ese problema. Yo todavía no he oído ninguna.

¿Qué opinión le merece la presión social que los sindicatos van a llevar a cabo?

Creo que presionar contra la solución de un problema que ve todo el mundo no estará bien visto.

Pero entre los trabajadores se ha generado una alarma.

Normal, también hubo alarma cuando nosotros propusimos aumentar los años para el periodo de cálculo. Este tipo de cosas se arregla con información y con debate.

¿La política económica que está llevando el Ejecutivo es la adecuada?

Creo que hay dos fases. Una hasta el pasado fin de semana y otra a partir de ahora. Hasta ahora, el Gobierno sólo ha cometido un error: resistirse a la evidencia de la crisis económica. Creo que lo que ocurrió el viernes pasado con la reforma de pensiones hubiera sido mejor que ocurriera hace un año, porque ganaríamos tiempo. Pero, a partir de esta decisión, el Gobierno va ir en otra dirección diferente en política económica.

¿Son necesarias más reformas?

En una situación como la que tenemos deben reformarse muchas cosas para sostener el bienestar.

Respecto al diálogo social, ¿considera adecuado que no se haya llegado a un acuerdo desde junio de 2008?

Siempre he defendido la búsqueda de acuerdos. Hace un año, desgraciadamente, no consiguieron un acuerdo en materia salarial y ahora parece que lo van buscando a la carrera.

¿Beneficiaría un acuerdo salarial?

La economía lo necesita.

¿Aunque sea partiendo de la moderación salarial?

Que le pregunten a un trabajador si prefiere cobrar menos o ser despedido.

¿No sería mejor una rebaja de cuotas sociales?

Dada la situación de la Seguridad Social, sería difícilmente explicable. Las empresas están intentando reducir los precios a través de los costes laborales. La cuestión es si es mejor reducir los costes laborales endeudando al sistema o con políticas salariales determinadas. Me inclino por lo segundo.

Respecto a CEOE, ¿ve algún cambio desde que se fue José María Cuevas?

Yo nunca he estado en una negociación con la patronal en la que ofrecieran subidas. Lo raro sería que ofreciera de entrada lo mismo que pedían los sindicatos. Y más en una situación de crisis.

Madrid y Barcelona cerraron 2009 con un total de 1,83 millones de metros cuadrados de oficinas vacías, superficie equivalente a alrededor del 10% del total de parque disponible en cada una de las ciudades, según el informe de la consultora inmobiliaria Savills difundido hoy.

El descenso de la contratación de nuevo espacio para oficinas y el cierre de empresas como consecuencia de la crisis, además de la puesta en el mercado de nueva oferta, figuran como principales factores del aumento de la tasa de disponibilidad de las oficinas en estas ciudades.

En concreto, Madrid cuenta actualmente con 1,3 millones de metros cuadrados de oficinas disponibles, el 10,5% del total de parque. El 42% de esta superficie se distribuye a lo largo de los principales ejes de acceso a la capital.

En el caso de Barcelona, el informe indica que actualmente cuenta con unos 537.000 metros cuadrados de oficinas vacías, el 10% del total de la ciudad, una tasa que no se registraba desde 1996.

Si eres joven, madrileño y quieres abandonar el domicilio familiar ahora tienes la oportunidad. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), lo pone cada día más fácil a través de nuevas promociones de vivienda pública a precios muy asequibles. La última se ubica en la calle Margaritas 52, en el distrito de Tetuán de la capital, y alberga 30 alojamientos temporales para menores de 30 años con rentas que oscilan entre los 106 euros y los 198.

“Estos apartamentos están pensados para servir como paso previo a la emancipación total. Por ello, el tiempo máximo de estancia es de cinco años. La idea es que los jóvenes con salarios bajos -los ingresos familiares no podrán superar 1,5 veces el IPREM- conozcan también lo que es salir de la casa de sus padres”, apunta Pablo Olangua, director general de Gestión de la EMVS, que incide en la integración de este proyecto en el Plan Alquila.

La promoción alberga 26 estudios con rentas de arrendamiento que van desde los 106,92 a los 148,88 euros, dos apartamentos de un dormitorio (de 159,24 a 178,56 euros mensuales) y otro par con dos habitaciones (194 euros). Además, los inquilinos también podrán disfrutar, por este bajo precio, de un parking subterráneo semirobotizado donde caben 46 vehículos. Amplios espacios comunes y servicio de lavandería, otros de los atractivos de edificio social.

Un proyecto socializador
Y es en estas zonas donde comienzan a jugar su rol los arquitectos de este residencial de última generación. Joaquín Lizasoain y Luis de Pereda, inspirados en la Holanda de los años 70 y también en las típicas corralas madrileñas, han proyectado un edificio pensado para la integración vecinal en Margaritas 52. “Las amplias galerías, el patio central e incluso la implementación de la lavandería contribuirán a que los jóvenes se relacionen”, afirma De Pereda, uno de los ‘padres’ de la promoción.
Además de por su carácter socializador, este edificio se distingue por su eficiencia energética, a la cual contribuyen diversos factores. Por un lado, se ha intentado aprovechar en la medida de lo posible la energía del entorno, sobre todo el sol, con dispositivos pasivos para que en verano no afecte demasiado y en invierno proporcione luz y calor. Por otro, con la instalación de paneles que traducen las radiaciones en calefacción y agua caliente.

Tiene también integrado un sistema de intercambio geotérmico con el suelo, ligado a un sistema de suelo radiante, con lo que el ahorro en climatización resulta importante. “La clave de su sostenibilidad es que se ha llevado a cabo un buen aprovechamiento bioclimático y se ha conseguido una ventilación cruzada eficiente. Esto hace que demande poca energía y la poca que necesita la genera, prácticamente, por sí solo. Incluso se han instalado unos dispositivos individuales de control del gasto energético que fomentarán la información e implicación de los inquilinos”, aclara el arquitecto.

Vivir sobre un cantón de limpieza
A pesar de todo, si había una cuestión importante al levantar Margaritas 52 ésa era la ubicación de un cantón de limpieza bajo la superficie, uso para el que fue adjudicada originalmente esta parcela.
‘A priori’, un cantón se concibe como una fuente de ruidos y olores, aunque ése no es el caso de este bloque de la EMVS. La solución la ofrecen los arquitectos: “Los niveles de aislamiento y estanqueidad son muy buenos. Tras analizar otros cantones se ha conseguido que no haya cruces de vibraciones y sonido entre una parte y otra. El acceso al parking y el del cantón están cada uno a una cara del edificio. Los sistemas de ventilación son también autónomos”, aclara Luis de Pereda.

Los comercios que apliquen sobrecargos a las compras con tarjeta deberán informar a sus clientes de cuánto dinero supone el desembolso extra. Así lo contempla la orden ministerial que desarrolla la Ley de Servicios de Pago. La banca no logra un periodo de gracia que retrase la aplicación de la medida.
Los comercios podrán cobrar más a sus clientes por las operaciones que sean desembolsadas con tarjetas o cheques en vez de efectivo. Eso sí, deberán dejar claro en qué medida el medio de pago utilizado encarece la transacción.

El Ministerio de Economía ha elaborado una orden sobre las condiciones de información aplicables a los servicios de pago. El borrador, al que ha tenido acceso CincoDías, fue abierto a consulta pública el pasado jueves y tiene por objeto complementar la Ley de Servicios de Pago aprobada en noviembre. Esta última norma es una transposición de una directiva comunitaria. Las partes interesadas podrán presentar sus alegaciones hasta el 17 de febrero.

Los comercios que aceptan pagos con tarjeta deben pagar a su banco una cantidad por cada operación que tramitan sus terminales. Este desembolso se conoce como tasa de descuento y ya se puede repercutir al cliente. Hasta ahora debía asumirlo la propia tienda. La medida es extensible a los cheques, pero su aceptación es residual en comparación con los plásticos.

La orden preparada por Economía exige que las tiendas que apliquen recargos deberán tener en “lugar destacado” y expuesto de forma “fácilmente legible” un cartel que enumere los instrumentos de pago que conllevan un gasto adicional. Y antes de que se materialice la venta, deben especificar al cliente la cuantía del recargo. Además, este no puede superar la tasa que deba pagar el comercio a su banco.

Las principales asociaciones de comerciantes adelantaron en su día que no se aplicarán los recargos con tarjeta, pero a la banca le preocupan las prácticas de algunos negocios como las aerolíneas de bajo coste. Éstas aplican un cargo distinto según la tarjeta con que se paga el pasaje.

Por otra parte, la orden ministerial obvia, como ya lo hiciera la Ley de Servicios de Pago, la petición de la banca de retrasar la llegada del sobrecargo para permitir a España alcanzar un nivel de penetración de las tarjetas similar al del resto de Europa.

Los hogares europeos dejan de ahorrar por primera vez desde 2008.
La tasa de ahorro bruta de los hogares de la zona euro se situó en el tercer trimestre de 2009 en el 15,8%, cuatro décimas por debajo del nivel del trimestre anterior, mientras que en el conjunto de la UE bajó al 13,7%, cinco décimas menos, lo que en ambos casos supone el primer retroceso del ahorro desde el primer trimestre de 2008, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadísticas, Eurostat.

En el caso de la zona euro, el descenso en la tasa de ahorro se debe al descenso en los ingresos reales disponibles, que bajaron una décima, mientras que el consumo creció medio punto.

La tasa de inversión de los hogares de la UE se situó en el 8,3%, frente al 8,2% del trimestre precedente, mientras que en la zona euro subió una décima, hasta el 9,1%. En el caso de las inversiones de empresas, la tasa registró su primera subida en un año, ya que en la UE alcanzó el 21,1%, cuatro décimas más, mientras que en la zona euro subió seis décimas, hasta el 20,7%.

El sueldo de los empleados del sector público en España creció entre 2000 y 2008 una media del 5,1% frente al 3,2% en el resto de países de la Unión Europea, lo que supone un 40% más.

Así se recoge, citando a Eurostat, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 remitido a la Comisión Europea.

En el documento enviado a Bruselas, el Gobierno destaca que dentro de su plan de austeridad para 2011-2013 presentado el pasado viernes se puede lograr un ahorro del gasto público de 1,9 puntos porcentuales del PIB en la remuneración de los asalariados públicos -equivale a un recorte del 4% en términos nominales en comparación con el nivel de 2009-.

“Ello se conseguiría tanto a través de una práctica congelación de la Oferta de Empleo Público (con una reposición global del 10% de las plazas), como por medio de una fuerte moderación salarial”, explica el informe.

En la actualidad alrededor del 7% de la plantilla de las Administraciones Públicas alcanzará la edad legal de jubilación en los próximos tres años.

Según el Gobierno, el plan austeridad, junto al Plan Inmediato, se logrará un recorte del gasto de 4,3 puntos porcentuales del PIB.

El director de la Agència Catalana del Consum, Jordi Anguera, presentó ayer los resultados de una encuesta efectuada a 1.035 adolescentes en la que se demuestra que las «nuevas tecnologías» no son nada nuevas para los chavales de entre 12 y 16 años. Estas herramientas son de uso tan cotidiano y habitual entre los estudiantes de ESO que el 92% tiene móvil, y el 96%, ordenador. Es más, su precocidad tecnológica aumenta de forma tan acelerada que los alumnos de 16 años tuvieron su primer teléfono celular a los 11,9, mientras que los de 13 años ya lo consiguieron a los 10,3. ¿Sorprendente? Quizá no lo sea para muchos adultos porque de todos es sabido que cada vez hay más niños que nacen con un móvil bajo el brazo. Es más probable que el asombro sea mayor con el siguiente dato: el 17% de los entrevistados aseguran hacer compras por internet.
Teniendo en cuenta que hay 277.000 estudiantes de ESO en Catalunya, ese 17% supone que son alrededor de 47.000 los chavales que se van de tiendas por el ciberespacio. La mayoría de ellos (el 31%) emplean la red para comprar videojuegos y entradas para espectáculos o para bajarse música de pago. Otros (el 25,7%) adquieren ropa y calzado, mientras que un tercer grupo intenta aprovecharse de las ofertas de productos tecnológicos, desde los teléfonos móviles hasta todo tipo de accesorios para el ordenador. ¿Y de dónde sacan el dinero? Según el director de Consum, «en muchos casos compran con los padres al lado». En otras circunstancias, por tanto, cabe apuntar la insuficiente vigilancia paterna de las tarjetas de crédito familiares y los posibles pagos a contrarreembolso.

NAVEGAR CON EL CELULAR / Aunque en menor medida, también hay un 11% de los adolescentes que utilizan los mensajes SMS del móvil para comprar todo tipo de aplicaciones. Se trata de una cifra muy similar a la de escolares (alrededor de 30.500) que utilizan el celular para navegar por internet. La red es, en este sentido, un lugar enormemente frecuentado por los estudiantes. Allí, la mayoría de ellos se dedican a conversar con los amigos a través del messenger y otras plataformas de este tipo.
En este apartado se aprecian diferencias notables de uso por sexos. Las chicas acostumbran a chatear con mayor asiduidad, mientras que los chicos son más aficionados a las descargas (de películas, música…) y a entrar en webs de juegos on line. Seis de cada diez chavales acceden a menudo a estas páginas, mientras que sus compañeras solo lo hacen en tres de cada diez casos.

La última expropiación de Chávez se ha producido en directo y a dedo. Durante la retransmisión de Aló presidente, señaló varios edificios privados y sin consultar con nadie, chilló: “Exprópiese, exprópiese”, lo cual puede hacer impunemente gracias a una Ley aprobada al efecto.
La nueva ocurrencia de Chávez en Aló Presidente puede ser un vergonzoso acto despótico, pero es una medida legal. El mandatario ya se ocupó el pasado Noviembre de tejer una legislación que le permitiera expropiar cualquier propiedad privada a su antojo, como ya adelantó Libertad Digital.

Y es que, bajo la excusa del interés social, el Gobierno venezolano puede actuar exactamente tal y como ha hecho: ha señalado un edificio de su gusto, y ha vociferado: ¡Exprópiese!. Tan sencillo como eso.

Esta vez, el acto de fuerza se ha producido en el la Plaza de Bolívar en Caracas, enclave privilegiado de la capital. La Gaceta Oficial de Venezuela decretaba en su número 39.272 que todos los edificios, calles, casas privadas, hospitales públicos y privados, centros comerciales, iglesias, etc., pasan a ser “bien de interés cultural” y, por tanto, el Estado podría adjudicárselos en cualquier momento, sin más explicación.

Exactamente esa es la expropiación indiscriminada que se ha producido este domingo, televisado en directo para todo el mundo. En “prime-time” Chávez dio cuenta de sus caprichos, jaleado por sus seguidores autodenominados, irónicamente “custodios del Libertador”.

Chávez impartía lecciones de historia socialista y revolucionaria, mientras paseaba con su comitiva hasta que topó con una propiedad de la que alguien dijo que había vivido Bolívar en su juventud. El mandatario preguntó al alcalde de Caracas en qué se ocupaba ahora la casa, y cuando éste le contestó que pertenecía a negocios privados, Chávez decretó: “¡Exprópiese!”.

Y así, al grito de ordeno y mando, continuó con hasta tres edificios más de la plaza. “Exprópiese”, “Exprópiese”, “Exprópiese”.

Lo grave no es la ocurrencia o el espectáculo puntual. Lo realmente preocupante es que Chávez cuenta con impunidad legal absoluta para hacer y deshacer a su antojo con las propiedades de los venezolanos. El único requisito necesario es que se le antoje cualquier edificio, ú objeto. La “Ley de Propiedad Social” faculta al Gobierno chavista a “declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar la producción socialista”.

Además, la excusa del “interés social” también afecta a las empresas privadas, que pueden ser expropiadas “si su actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales” acabando así en en manos del Estado.